por CICR | Nov 6, 2025 | Perspectivas y opinión
6Por Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR)
Costa Rica ha sido reconocida por su matriz eléctrica limpia, pero el verdadero desafío ahora es hacerla también inteligente. El sistema eléctrico nacional, diseñado para un país industrialmente más pequeño y tecnológicamente menos demandante, necesita una actualización profunda. La revolución de la movilidad eléctrica, los semiconductores y la inteligencia artificial ya está aquí, y con ella llega una demanda energética sin precedentes.
Según el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el país deberá invertir más de 4.000 millones de dólares en infraestructura eléctrica antes del 2030 para poder satisfacer el crecimiento de la demanda. Y de acuerdo con el estudio de Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU), elaborado para el PNUD y el MINAE, solo la electrificación del transporte requerirá duplicar la capacidad actual de generación (3.500 MW) antes del año 2050.
La pregunta no es si el país puede generar energía limpia, sino si podrá hacerlo en la magnitud necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda que traerán las nuevas industrias. El desafío no solo es ambiental, sino también de escala y eficiencia. Costa Rica necesita garantizar que su matriz energética sea capaz de sostener este salto tecnológico con eficiencia, sostenibilidad y a precios competitivos. Actualmente, el 60% del costo de la electricidad proviene de la etapa de generación; si logramos abrir espacio a la competencia y fomentar proyectos más eficientes, podríamos reducir significativamente el costo final de la electricidad para hogares, industrias y nuevas inversiones tecnológicas.
En cambio, hoy la economía costarricense, sus procesos productivos y su movilidad dependen en gran medida de los combustibles fósiles, energía que representa casi el 70% del consumo energético total del país, según el Balance Energético Nacional del MINAE para el 2023. Nuestra imagen ha ganado legítimamente la etiqueta verde por su generación eléctrica sostenible, pero si observamos la matriz energética completa, el panorama cambia: nos estamos carbonizando. Incluso la matriz eléctrica, aunque renovable, depende en más de dos tercios de la hidroelectricidad, una vulnerabilidad que quedó en evidencia hace menos de dos años, cuando una sequía extrema nos dejó a un aguacero de un apagón nacional. La necesidad de diversificar no es solo ecológica: es económica y estratégica. Garantizar la seguridad energética y reducir la dependencia fósil es condición indispensable para mantener la competitividad y avanzar hacia una economía verdaderamente descarbonizada.
El proyecto de ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414) busca precisamente eso: ordenar, modernizar y abrir el sistema bajo reglas claras que promuevan la eficiencia y la diversificación. Con este marco, Costa Rica podría consolidarse como un centro regional de innovación energética, capaz de atraer industrias limpias, centros de datos y proyectos de electromovilidad.
Modernizar el sistema eléctrico no es solo la decisión técnica correcta, es una proyecto país con visión estratégica. Si queremos que las nuevas generaciones vivan en un país competitivo, sostenible y preparado para las industrias del futuro, necesitamos un marco legal que impulse la energía del mañana: abundante, renovable y asequible para todos.
Este artículo fue publicado originalmente en Delfinocr.
por CICR | Oct 29, 2025 | Noticias CICR
- Con respecto a la tarifa actual, los consumidores enfrentarían un incremento ordinario para el año 2026 del 25,23% en su factura eléctrica, un aumento desproporcionado que se desvía de lo establecido en la ley de ARESEP.
- Según los propios datos del ICE, la depreciación y la utilidad operativa del sistema de generación alcanzarían los ₡338 millones, a ese ritmo se pagaría toda la deuda del sistema en poco más de 5 años.
- CICR solicitó a la ARESEP que asegure la aplicación estricta del marco legal regulatorio, promueva la eficiencia institucional y proteja al consumidor final, evitando aumentos que no respondan a una necesidad técnica o de servicio esencial.
Martes 28 de octubre de 2025– La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) hizo un llamado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para que, en el análisis de la solicitud tarifaria de ajuste ordinario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el año 2026, se apliquen con rigor los principios establecidos en el artículo 32 de la Ley 7593, que ordena excluir de las tarifas todos los gastos que no sean estrictamente necesarios para la prestación del servicio público.
De acuerdo con la propuesta presentada por el ICE, con respecto a las tarifas ordinarias actuales, el sistema de generación sufriría un incremento de 50,46%, sistema de transmisión un 23,16% y las tarifas para usuarios finales (sistema de distribución) un 25,23%. Aumentos que a todas luces resultan desproporcionados. Cabe destacar, que aún queda por resolver el efecto por el Costo Variable de Generación (CVG), que según se ha mencionado por la ARESEP, podría abaratar las tarifas.
“El sector productivo no soporta más presiones sobre su competitividad. El tipo de cambio apreciado, los aranceles, las altas cargas sociales y la infraestructura deficitaria ya limitan la capacidad de competir de las empresas. Por eso, el precio de la energía —como lo confirma nuestra más reciente Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025— es un factor crítico que debe manejarse con prudencia y visión de país”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
En su análisis, la CICR señala que varios costos y gastos que respaldan la propuesta del ICE muestran crecimientos desproporcionados. Entre ellos, solo en la creación de nuevas plazas, el ICE está solicitando 91 puestos adicionales entre los sistemas de generación y distribución, lo que representaría un costo adicional por de ₡2.725 millones. La CICR también identificó incrementos significativos en varios rubros del gasto operativo, como los gastos administrativos, costos comerciales, reconocimiento de la depreciación, entre otros.
De hecho, la Cámara reiteró su preocupación por el tratamiento contable de la depreciación de activos, que implica que los usuarios terminen pagando hasta cinco veces el valor original de los activos revaluados, un tema ya señalado en 2024 y sobre el cual la ARESEP aún no ha emitido un criterio definitivo.
Según los propios datos del ICE, la depreciación y la utilidad operativo del sistema de generación alcanzarían los ₡274.338 millones, equivalentes al 19% de la deuda total del sistema (₡1.456.458 millones). Esto significa que, si esos ingresos se destinaran únicamente a amortizar deuda, el ICE podría pagar la totalidad de sus pasivos en poco más de cinco años, lo que no pareciera razonable si las deudas son de largo plazo.
En este contexto, desde la CICR reiteraron que, conforme a la ley, ARESEP no debe reconocer en las tarifas aumentos desproporcionados ni gastos que no estén vinculados directamente con la prestación del servicio regulado.
Los industriales solicitaron a la ARESEP que asegure la aplicación estricta del marco regulatorio, promueva la eficiencia institucional y proteja al consumidor final, evitando aumentos desproporcionados o que no respondan a una necesidad técnica o de servicio esencial. “Hemos apoyado el prorrateo, justamente para no someter al consumidor a aumentos abruptos y desproporcionados de tarifas”, concluyó Capón.
por CICR | Oct 27, 2025 | Eventos y foros
- Este año, la conmemoración adquiere un significado particular, ya que el Congreso se desarrolla el mismo día en que el país celebra por decreto el Día Nacional de la Excelencia.
- La edición 2025 introduce una novedad inédita: por primera vez se realizará en vivo la última instancia de evaluación de los tres proyectos más destacados del proceso “Compromiso con la Excelencia”.
San José, 27 de octubre de 2025. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) celebra una edición muy especial del Congreso Nacional de Excelencia Empresarial y la XXVIII Entrega de los Premios a la Excelencia, que tendrán lugar en el próximo 20 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
Este año, la conmemoración adquiere un significado particular, ya que el Congreso se desarrolla el mismo día en que el país celebra el Día Nacional de la Excelencia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 26533 de 1997, instaurado como reconocimiento y estímulo quienes se dedican a la búsqueda de la excelencia como mecanismos para propiciar la mejora continua, el aprendizaje organizacional y la competitividad sostenible y la calidad de vida de los costarricenses, valores que han guiado este programa desde sus orígenes.
“Para la CICR, celebrar este Congreso en la misma fecha en que se decretó el Día Nacional de la Excelencia representa una ocasión simbólica que une el pasado, el presente y el futuro de la gestión empresarial costarricense. Desde 1997, esta fecha rinde homenaje a las empresas que apuestan por la calidad, la innovación y la excelencia como camino para el desarrollo del país”, dijo Sergio Arias, coordinador del Programa Nacional a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
La edición 2025 introduce una novedad inédita: por primera vez se realizará en vivo la última instancia de evaluación de los tres proyectos más destacados del proceso “Compromiso con la Excelencia”, que entrega los reconocimientos Oro, Plata y Bronce. Durante el evento, los equipos finalistas presentarán sus casos ante el público y un panel de jueces definirá a los ganadores en tiempo real, para comunicarlo posteriormente en la entrega de los Premios.
El Congreso reúne a representantes empresariales y especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos y tendencias de la excelencia en la gestión empresarial. A lo largo de la jornada se presentarán los casos de éxito, junto con conferencias magistrales de figuras reconocidas internacionalmente como Marcial González (Boston Consulting Group), Wilanderst Beltrán (Deloitte), José Carlos Flores (Pontificia Universidad Católica del Perú), Alberto Fortin (Phillip Morris Internacional) y Willy Vandenbrande (QS Consult, Bélgica / International Academy for Quality).
Las conferencias abordarán temas de alto impacto para la competitividad empresarial, como el liderazgo con propósito en la era de la inteligencia artificial generativa, el crecimiento exponencial, la transformación digital y los estándares ESG, la cultura de calidad, la innovación y el comercio responsable.
El Congreso Nacional de Excelencia Empresarial ofrece a los participantes una oportunidad única para acceder a conocimientos, herramientas y modelos aplicables a la gestión organizacional, anticipar tendencias, fortalecer el talento interno y establecer redes de colaboración estratégica con empresas, instituciones y expertos que comparten una visión de mejora y transformación.
La actividad culminará con la entrega de los Premios a la Excelencia 2025, un reconocimiento que distingue a las organizaciones que demuestran avances significativos en cultura, liderazgo y estrategia, responsabilidad, social, ambiente, talento humano, innovación y tecnología, procesos y clientes y mercados.
Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa y realizar su inscripción aquí, comunicarse al correo excelencia@cicr.com o al teléfono 2202-5600.
por CICR | Oct 15, 2025 | Noticias CICR
• La campaña enfatiza en que cada voto cuenta, no solo para impulsar los proyectos de cada persona, sino también para construir un futuro de crecimiento y bienestar para todos los costarricenses.
• El mensaje busca generar conciencia de que para evolucionar como sociedad necesitamos un Estado de Derecho saludable y una democracia sólida que garantice nuestra libertades individuales, y para ello es imprescindible votar.
San José, miércoles 15 de octubre de 2025 – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó la campaña “Voto por Mí”, una iniciativa para motivar especialmente a las personas más jóvenes a ejercer su derecho y deber al sufragio, y contribuir a reducir el abstencionismo, que en los últimos procesos electorales ha superado el 40%.
“Voto por Mí, nos recuerda que cada voto cuenta. La participación electoral de todos los costarricenses es lo que fortalece la democracia, y una democracia fuerte es indispensable para vivir en libertad, tener estabilidad, reglas claras y confianza en nuestras instituciones. Es en ese marco donde se generan las oportunidades para el desarrollo personal, la inversión, la creación de empleo y el surgimiento de nuevos emprendimientos. Votar es ser parte y decidir por nosotros, pero también es asegurar el desarrollo productivo y sostenible de Costa Rica”, afirmó Sergio Capón, presidente de la CICR.
De esta manera, la CICR busca generar conciencia sobre el valor del voto como herramienta para sostener las condiciones que permiten alcanzar nuestras metas y objetivos colectivos. “Nuestros proyectos y sueños dependen de un entorno democrático fuerte, y ese entorno solo se sostiene si todos votamos. Votar es una experiencia excepcional en la que nuestra voz individual se convierte en futuro común. El país nos pertenece a todos, y salir a votar es contribuir a construirlo juntos. Votar es, además, una de las formas más claras de expresar amor por Costa Rica.”
La campaña, producida íntegramente con talento local, está siendo difundida en los canales digitales de la CICR con diversos formatos creativos, desde videos breves para TikTok hasta publicaciones en redes sociales tradicionales, y ya puede verse el video de lanzamiento en por este enlace.
Como organización que trabaja para mejorar las condiciones del sector productivo y, con ello, aportar al bienestar de toda la sociedad, reafirmamos que promover la participación ciudadana también forma parte de nuestro rol y responsabilidad. Tal como lo hemos hecho en procesos anteriores, como las pasadas elecciones municipales, creemos que incentivar el voto es una manera concreta de contribuir al desarrollo sostenible del país.
por CICR | Oct 15, 2025 | Perspectivas y opinión
Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
La misión del Estado no es levantar muros a la productividad, sino allanar el camino para que las empresas crezcan y trasladen bienestar a los ciudadanos. Cuando las personas que están al frente de las instituciones irrespetan los mandatos legales y por omisión, incurren en daños a ciudadanos y organizaciones, el Estado no solo incumple con sus funciones sino además genera daños que deben ser restituidos.
Desde su diseño original, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), contenido en el Título I de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (del 3 de diciembre de 2018), estableció que los bienes y servicios destinados a exportación no deben soportarlo. Esto responde al principio de neutralidad: el impuesto se aplica a bienes y servicios para los residentes de un país, sin encarecer los productos o servicios que se venden en otros mercados. Para garantizar esa neutralidad, la ley contempla mecanismos como la devolución expedita, sistemas alternos y, en el caso de exportaciones, la devolución automática del impuesto a los productores al adquirir materias primas e insumos. Sin embargo, tras más de seis años de vigencia, a partir del transitorio X de dicha Ley, la práctica ha distorsionado el concepto: en la plataforma Exonet, lo que debería ser una “autorización para no soportar el impuesto” se ha interpretado erróneamente como una “exención”.
En la Cámara de Industrias de Costa Rica hemos venido advirtiendo que esa confusión debe ser subsanada y que la temporalidad que el legislador estableció para la implementación de la devolución expedita o automática no debe seguirse manteniendo, pues tanto la herramienta tecnológica como el enfoque de fiscalización de la Dirección General de Hacienda cargan al exportador con costos financieros y trámites que la propia arquitectura del IVA buscó evitar. La Plataforma de Exonet, por ejemplo, no permite tramitar simultáneamente las condiciones de exportador directo y proveedor de exportador, que en la mayoría de los casos también vende en el mercado local, aunque estas realidades coexisten en la operación. La restricción no nace de la ley, sino de la plataforma, y obliga a tener inventarios y controles paralelos que son materialmente imposibles para muchas empresas, especialmente para Pymes o para empresas que adquieren materias primas que, en el proceso productivo, no pueden individualizarse en los productos finales.
La respuesta oficial que hemos recibido luego de múltiples esfuerzos por encontrar solución a este grave problema, fue sostener que el impedimento es “necesario para el control tributario”. El problema es que ese control se traduce, en la práctica, en sancionar a quien sí traslada el IVA cuando vende localmente, aun habiendo declarado desde el inicio que el 100% de las ventas no serían exportaciones. La Administración asume que lo no soportado “nunca se recupera”, una premisa contraria a la realidad operativa del impuesto.
Aquí es donde conviene recordar dos principios. Primero, el de legalidad: los sistemas informáticos deben ajustarse a la ley, no al revés. Segundo, el de sustancia sobre forma: la actuación administrativa no puede encallarse en formalismos que ignoran la realidad económica.
Cuando el Estado impone un único camino (a través de Exonet), y luego desconoce sus propios efectos para sancionar “incumplimientos” nacidos de las limitaciones del sistema, quiebra la confianza legítima y erosiona la seguridad jurídica. Esa inseguridad se agrava con la trampa del “transitorio permanente”, que exige a exportadores y proveedores una trazabilidad imposible (como si una pyme pudiera partir su bodega por cliente). Así no solo se castiga al que produce: se espanta inversión, empleo y recaudación futura. Nuestros competidores ya entendieron que la gestión tributaria pesa tanto como la tasa: simplifican, devuelven rápido y reducen fricciones. Urge rectificar: cumplir la ley con devoluciones automáticas o equivalentes y exoneraciones proporcionales; habilitar vías alternas cuando el sistema falle sin castigos por imposibilidad material; y alinear la fiscalización a un principio rector claro: crecimiento económico con protección de las unidades productivas.
No se trata de recaudar a cualquier costo. Las instituciones deben crear las condiciones para que las empresas crezcan, inviertan y paguen mejores salarios y más impuestos. Y eso empieza por algo tan elemental como respetar la ley que ordena facilitar, no obstaculizar, la vida del que produce.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico La República de Costa Rica.
