por CICR | Jul 3, 2026 | Perspectivas y opinión
Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
La competitividad futura en el precio de la electricidad no depende únicamente de cuánto cuesta producirla hoy, sino de las reglas con las que el país incorporará la nueva generación durante las próximas décadas.
Nuestro país compite todos los días por atraer inversión, generar empleo y desarrollar nuevas actividades productivas. En esa competencia solemos hablar de estabilidad política, educación, infraestructura o seguridad jurídica. Sin embargo, existe un factor que cada vez pesa más en las decisiones de inversión y que debe abordarse desde una perspectiva estratégica: la electricidad.
Acá es donde entra una pregunta en juego ¿cómo aseguramos que Costa Rica pueda disponer de la electricidad que necesitará en los próximos veinte o treinta años, al menor costo posible para el sistema? La respuesta comienza mucho antes de que llegue el recibo.
Cuando una empresa recibe su factura eléctrica, aproximadamente el 60% de ese monto corresponde al costo de generación (producción) de la energía. El restante se distribuye, en términos generales, entre la red de distribución (30 %) y la transmisión (10%). Este dato tiene una implicación evidente: si queremos construir tarifas más competitivas, debemos prestar especial atención al componente que mayor peso tiene: la etapa de generación.
Ese componente no se define cuando se calcula la tarifa. Se define años antes, cuando el país decide cómo incorporará la próxima generación, es decir, a la hora de definir qué proyectos de generación eléctrica se desarrollarán y a qué costo.
El reto actual ya no se trata sobre llevar electricidad a cada rincón del país o a la renovabilidad de nuestra matriz de generación: hemos construido una de las matrices eléctricas más renovables del mundo, un logro que merece reconocimiento.
El desafío de los próximos años consiste en garantizar suficiente electricidad para acompañar el crecimiento económico.
La electrificación del transporte, el establecimiento de centros de datos, la expansión industrial, la incorporación de nuevas tecnologías y la sustitución gradual de combustibles fósiles exigirán una cantidad creciente de electricidad y ello implica invertir significativamente en nueva capacidad de generación. La pregunta, entonces, no es si debemos incorporar más generación. La verdadera discusión consiste en cómo hacerlo de la manera más eficiente posible.
En cualquier proceso de planificación existen dos decisiones completamente distintas. La primera corresponde al Estado: determinar cuánta energía necesitará el sistema, en qué momento deberá incorporarse y bajo qué criterios técnicos, ambientales y de confiabilidad. Esa es una responsabilidad indelegable de la planificación pública.
La segunda decisión es diferente: ¿quién puede desarrollar esa nueva capacidad al menor costo posible?
Ningún regulador, ninguna institución y ninguna empresa puede conocer de antemano cuál desarrollador obtendrá el mejor financiamiento, quién tendrá la tecnología más eficiente o quién podrá construir y operar una planta con menores costos dentro de cinco o diez años. Precisamente por esa razón, numerosos sistemas eléctricos alrededor del mundo utilizan mecanismos competitivos como las subastas.
Su propósito suele malinterpretarse. Las subastas no sustituyen la planificación pública ni significan ausencia de regulación. Todo lo contrario. Funcionan porque existe planificación previa. El Estado define la necesidad del sistema; mientras que la competencia, mediante subastas de energía, permite descubrir quién puede satisfacer esa necesidad de la manera más competitiva.
Ese es quizá el aspecto menos comprendido del debate actual en torno al Proyecto de Ley de Armonización. La competencia no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para revelar información que ningún planificador posee por sí solo: cuál es el costo más eficiente al que puede incorporarse nueva generación bajo las condiciones definidas por el propio Estado.
En ese sentido, la competencia regulada no reemplaza la planificación; la fortalece. Permite que la decisión pública sobre cuánto invertir se complemente con un proceso competitivo orientado a descubrir la mejor solución técnica y económica para el sistema.
Si bien el precio final que pagan los consumidores depende también de la transmisión, la distribución, la hidrología, el viento y muchos otros factores; inyectar competencia en el principal componente de la tarifa eléctrica -la generación- implica que esta pueda desarrollarse bajo reglas que incentiven mayor eficiencia, innovación y disciplina económica.
Y este es, precisamente, uno de los aportes más relevantes que hoy plantea el proyecto de ley 23414, de Armonización del Sector Eléctrico, que se discute en la Asamblea Legislativa: la posibilidad de contar con generación eléctrica a menor costo, para contar en el futuro con tarifas más competitivas.
Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero de Costa Rica
por CICR | Jul 2, 2026 | Noticias CICR
- La Cámara de Industrias de Costa Rica, con el Banco Nacional como aliado estratégico, reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir competitividad, seguridad energética, nuevas tecnologías y la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, con el objetivo de promover un diálogo informado sobre las decisiones regulatorias, tecnológicas y de inversión que marcarán el futuro del sector y su impacto sobre la competitividad del país.
- Bajo la premisa de que el país debe tomar decisiones, el Congreso contará con la participación de especialistas que compartirán experiencias sobre mercados eléctricos y abordará la reforma del sector eléctrico que está en discusión. Así mismo, se abordarán temas de interés empresarial tales como almacenamiento energético, movilidad eléctrica, innovación tecnológica y nuevos modelos de negocio aplicados al sector energético.
San José, 1 de julio de 2026. En un contexto marcado por la transformación tecnológica, la presión sobre la competitividad, la transición energética y la discusión sobre la reforma del mercado eléctrico, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), con el Banco Nacional (BN) como aliado estratégico, realizará el próximo 30 de julio el Congreso de Energía 2026, bajo el lema “Energía: el entorno disruptivo exige decisiones”. El evento tendrá lugar en el Hotel Crowne Plaza San José La Sabana y espera reunir a más de 400 representantes del sector productivo, autoridades, especialistas y actores clave del sector energético.
“El Congreso cobra hoy un sentido estratégico, porque la energía dejó de ser únicamente un tema técnico para convertirse en un factor determinante para la competitividad, la atracción de inversión y el desarrollo económico del país. La creciente demanda eléctrica, la descarbonización de la economía, la incorporación de nuevas industrias y de nuevas tecnologías, la seguridad energética y la necesidad de contar con tarifas competitivas exigen una discusión estratégica sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense”, dijo Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
La agenda se estructura alrededor de tres grandes ejes temáticos que permitirán analizar los principales desafíos y oportunidades del sector. El primer bloque, “competitividad bajo presión: la realidad energética de Costa Rica”, abordará el impacto que tienen los costos de la energía sobre la competitividad nacional, las expectativas tarifarias y los retos estructurales que enfrenta la matriz energética costarricense en un año para el que se prevé, el sector energético se vea afectado por el fenómeno de “El niño”. Para ello se desarrollará un panel de alto nivel con representantes del sector público y especialistas en materia energética.
Posteriormente habrá un bloque sobre “tecnología, resiliencia y seguridad energética”, presentará las principales tendencias que están transformando el sector a nivel mundial. Se analizará el papel del almacenamiento energético como infraestructura crítica para redes renovables, la electrificación de flotillas empresariales como parte de una nueva estrategia energética y otras soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer la resiliencia, la eficiencia y la competitividad de las organizaciones.
Asimismo, el Congreso concluirá con un espacio interactivo denominado Tech Arena, donde empresas y especialistas compartirán casos de innovación aplicada y nuevas soluciones energéticas para el sector productivo.
Finalmente, el tercer bloque aburará la “Ley de Armonización: el debate energético que definirá el futuro”, uno de los temas de mayor actualidad para el país. El programa incluirá una exposición técnica sobre el funcionamiento de las subastas de energía como mecanismo de contratación competitiva, a cargo del experto internacional Julián Nobrega, gerente de Ingeniería y Proyectos de Quantum América, así como un panel de análisis sobre los alcances de la propuesta de reforma al sector eléctrico costarricense.
“Costa Rica enfrenta una oportunidad histórica para fortalecer su competitividad a partir de un sistema energético más moderno, resiliente y eficiente. La discusión ya no debe limitarse a cómo producimos electricidad, sino a cómo garantizamos energía segura, sostenible y competitiva para impulsar el crecimiento económico, descarbonizar, atraer inversión y responder a las nuevas demandas tecnológicas que enfrenta el país. Precisamente ese será el propósito de este Congreso: aportar información técnica, experiencias internacionales, en un espacio de diálogo franco y respetuoso para construir mejores decisiones,” concluyó Montenegro.
por CICR | Jun 19, 2026 | Perspectivas y opinión
Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR)
La discusión sobre el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, ha estado marcada por una serie de afirmaciones que, lejos de contribuir al análisis técnico del proyecto, han generado confusión sobre sus verdaderos alcances.
Es comprensible que una reforma de esta magnitud genere debate. Lo preocupante es cuando la discusión se aleja del contenido real del proyecto y se sustituye por afirmaciones que no corresponden a lo que establece el texto.
Uno de los argumentos falaces más difundidos es la idea de que esta ley privatiza el ICE o el Sistema Eléctrico Nacional. Esto es totalmente falso. En la etapa de transmisión, el ICE sigue manteniendo el monopolio del 100%, con tarifa regulada por ARESEP; y en la etapa de distribución conserva sus áreas geográficas de cobertura tal y como las tiene hoy en día, también con tarifas reguladas por ARESEP. Por tanto, el ICE seguirá siendo el actor principal del sector eléctrico costarricense y se mantiene como una institución pública.Además del ICE, las cooperativas eléctricas, JASEC y ESPH conservan sus respectivas áreas de concesión y las obligaciones de cobertura universal que han caracterizado al sistema eléctrico costarricense, las cuales se financian mediante la tarifa fijada por ARESEP.
El proyecto que está para aprobación abrirá el mercado de generación de forma regulada y busca que se seleccionen los mejores proyectos por el costo de la energía que producirán. Las plantas de respaldo del sistema del ICE no entran en competencia y el resto de las plantas competirán por costo hasta dentro de diez años. Es decir, el ICE no solo no se privatiza, sino que se resguarda como respaldo del sistema y, junto con todas las distribuidoras, continúa brindando un servicio de suministro eléctrico regulado que debe garantizar la cobertura universal y el espíritu solidario. Es falso que, con la aprobación de este proyecto, la electricidad deje de llegar a lugares alejados.
También se ha afirmado que la reforma provocará tarifas más altas para los consumidores. Sin embargo, uno de los objetivos centrales del proyecto es precisamente generar condiciones para que la electricidad sea lo más barata posible para el consumidor. La propuesta incorpora mecanismos de competencia regulada en la etapa de generación eléctrica, que representa aproximadamente el 60% del costo de la tarifa final. Justamente, la competencia entre los proyectos que se van a construir busca que se desarrollen únicamente aquellos que beneficien la tarifa eléctrica por tener un menor costo por kilovatio hora producido. Una segunda etapa de competencia consiste en garantizar que el despacho sea económico, lo que significa que, a lo largo del día, se utilicen primero las plantas que producen a menor costo, para asegurar al consumidor que la tarifa eléctrica que pagará será la más baja posible.
Por ello, los consumidores son los principales interesados en que este proyecto se apruebe, pues después de muchas décadas se plantea una iniciativa que busca reducir las tarifas eléctricas. Promover inversiones más eficientes y ampliar la oferta de energía renovable son algunas de las herramientas más efectivas para contener costos y beneficiar tanto a los hogares como a las empresas.
Otra afirmación, tan recurrente como falsa, es que el proyecto eliminaría el carácter solidario del sistema eléctrico costarricense. Como se indicó anteriormente, la solidaridad del modelo eléctrico nacional se materializa principalmente a través de la distribución: la tarifa regulada, la electrificación rural, la expansión de redes y la obligación de brindar servicio en todo el territorio nacional. Ninguno de estos elementos desaparece con la reforma. Las ocho distribuidoras eléctricas mantienen sus áreas de concesión territorial; no se incorpora ningún cambio en la etapa de distribución. Por tanto, las distribuidoras eléctricas seguirán financiando, mediante las tarifas reguladas por ARESEP, las inversiones necesarias para garantizar la cobertura universal.
Asimismo, ARESEP fija actualmente tarifas residenciales más bajas para los consumos reducidos y las incrementa en los tramos de consumo superiores, estableciendo un subsidio cruzado en favor de las familias con menos recursos, que presentan menores niveles de consumo eléctrico. Por el contrario, una generación más eficiente puede contribuir a fortalecer toda la cadena de suministro eléctrico.
También se ha sugerido que la ley abriría masivamente el mercado eléctrico a los grandes consumidores, lo que descremaría el mercado y aumentaría las tarifas. Lo cierto es que el proyecto de ley prácticamente eliminó la figura del gran consumidor al restringirla únicamente a clientes conectados en alta tensión. Como el ICE mantiene el monopolio de la transmisión, es el único que atiende a esos clientes. Actualmente existen solo nueve usuarios en alta tensión en el país, y el volumen de consumo requerido es muy elevado, pues para acceder a este servicio la empresa debe construir su propia subestación, lo que implica no solo espacio, sino también inversiones de millones de dólares.
Adicionalmente, el cliente en alta tensión paga por la etapa de generación y por la etapa de transmisión, por lo que siempre seguirá contribuyendo al financiamiento de esas inversiones dentro del sistema eléctrico. La única etapa de la que podría salir es la de distribución, situación que ya ocurre actualmente. Por ello, es falso que, como consecuencia de esta ley o de la figura del gran consumidor en alta tensión, aumentarán las tarifas para el consumidor residencial. Hoy existen únicamente nueve consumidores en alta tensión de un total de 2.065.000 consumidores eléctricos.
Más allá de discusiones tendenciosas o falaces, el país debería concentrarse en los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.
Costa Rica continúa dependiendo en gran medida de los hidrocarburos para mover su economía. Al mismo tiempo, mantiene una elevada dependencia de la generación hidroeléctrica, lo que la expone a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. A esto se suma el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica impulsado por la movilidad eléctrica, la transformación industrial, los centros de datos, la inteligencia artificial y el proceso de descarbonización de la economía.
La pregunta que debería ocupar el centro del debate es: ¿este proyecto de ley beneficia al consumidor? ¿Y promueve la inversión en generación renovable para atender las necesidades del futuro?
La Ley de Armonización propone fortalecer la planificación energética de largo plazo, modernizar la gobernanza del sistema, ampliar la oferta de energía renovable y crear condiciones para que Costa Rica pueda responder a los retos energéticos de las próximas décadas con mayor resiliencia, eficiencia y competitividad.
En ese contexto, la energía dejó de ser únicamente un tema técnico. Hoy es una decisión estratégica de país y también una decisión estratégica de negocio. La competitividad futura de Costa Rica dependerá tanto de contar con un marco regulatorio moderno y capaz de atraer inversión en energía renovable, como de la capacidad de las empresas para incorporar innovación, eficiencia energética y nuevas tecnologías en sus procesos productivos.
En otras palabras, el verdadero debate no debería girar alrededor de mitos o temores infundados. Debería centrarse en cómo garantizar simultáneamente seguridad energética, sostenibilidad ambiental, suficiencia de oferta, tarifas competitivas y capacidad de crecimiento económico.
Hoy enfrentamos un entorno disruptivo que exige decisiones. Por ello, organizamos el Congreso de Energía 2026 de la Cámara de Industrias de Costa Rica, que se realizará el próximo 30 de julio. El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar temas como competitividad energética, reforma del mercado eléctrico, almacenamiento, inteligencia artificial, electrificación, resiliencia y las nuevas tecnologías que están transformando la forma en que los países y las empresas producen, gestionan y consumen energía.
Porque, al final, más allá de cualquier diferencia política, lo que está en juego es la capacidad de Costa Rica para generar más energía renovable, aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, avanzar en la descarbonización, atraer inversión, crear empleo y ofrecer mejores condiciones para todos los consumidores.
Este artículo fue publicado originalmente el La República de Costa Rica.
por CICR | Jun 11, 2026 | Eventos y foros
- Congreso de Sostenibilidad 2026 reunió a empresas, gobierno y expertos nacionales e internacionales para compartir herramientas, experiencias y casos prácticos orientados a convertir los compromisos de sostenibilidad en resultados concretos para las organizaciones y el desarrollo del país.
- Más de 350 representantes del sector productivo, instituciones públicas, academia y organizaciones especializadas participaron en el encuentro, que contó con más de una decena de expositores nacionales e internacionales y una agenda centrada en gobernanza, competitividad, economía circular, transformación digital, medición de impacto y acción climática.
San José, Costa Rica, 11 de junio de 2026. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) realizó el Congreso de Sostenibilidad 2026 “Del compromiso a los resultados”, una jornada orientada a fortalecer la competitividad empresarial mediante la sostenibilidad, la innovación y la acción climática. El encuentro, desarrollado en alianza estratégica con el Banco Nacional, reunió a representantes de empresas, sector público, academia y organizaciones especializadas para analizar tendencias, desafíos y soluciones aplicables a la realidad productiva nacional.
“La sostenibilidad ya no es un tema complementario, es estratégico y es la forma de competir, innovar y generar valor para el país. Competitividad y sostenibilidad son hoy un binomio inseparable”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Durante su intervención destacó que retos como la gestión de residuos, la transición energética, la acción climática y la medición de impactos representan también oportunidades para impulsar productividad, resiliencia y bienestar.
El Congreso inició con un bloque estratégico enfocado en gobernanza y creación de valor. Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, expuso cómo la sostenibilidad puede convertirse en parte de la identidad corporativa y destacó que la entidad ya mide el impacto ambiental del 94% de su cartera de crédito. Por su parte, Daniella Bresciani, Líder de Sostenibilidad de Philip Morris International para Centroamérica, el Caribe y la Región Andina, abordó la importancia de transformar los compromisos de sostenibilidad en valor tangible para las empresas y la sociedad.
El bloque técnico se concentró en la gestión ambiental y la economía circular. Marco Murillo, Gerente de Sostenibilidad de Walmart Centroamérica, compartió experiencias relacionadas con la reducción del desperdicio de alimentos, la recuperación de materiales y los modelos circulares en retail. Elizabeth Valverde, Gerente de Asuntos Públicos y Corporativos de Nestlé Costa Rica, destacó el papel de la innovación, las alianzas y la corresponsabilidad para avanzar hacia sistemas productivos más circulares. El espacio culminó con un panel multisectorial que reunió a representantes de empresa, academia y gobierno para analizar temas como ecodiseño, valorización de residuos y biomasa, empleo verde y articulación entre políticas públicas e innovación.
Desde California, Pallavi Pandit, Sustainability & Energy Efficiency Marketing Leader del Data Center Group de Intel Corporation, explicó cómo la inteligencia artificial, la telemetría en tiempo real y la digitalización están transformando la gestión energética y permitiendo a las organizaciones optimizar recursos, reducir costos y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. La especialista destacó que la sostenibilidad ya no es una iniciativa paralela a la innovación tecnológica, sino un componente esencial del diseño, desarrollo y escalamiento de las soluciones digitales. A su vez, Greivin Granados, Especialista en Sostenibilidad y Administración de la Energía para DEX en GBM, destacó el papel de la medición, la gobernanza de datos y el monitoreo continuo para convertir la sostenibilidad en resultados verificables.
Como antesala al panel de acción climática, Paolo Conejo y Catalina Artavia, asesores de la Dirección de Cambio Climático del MINAE, presentaron los principales alcances de la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (CND) 2025-2035, construida mediante un proceso participativo que involucró a más de 500 representantes de distintos sectores y que establece una meta de reducción del 53% de las emisiones respecto a un escenario sin mitigación. Posteriormente, Ludwin Álvarez, Gerente de Control y Seguimiento Ambiental de Cementos Progreso, destacó que la infraestructura constituye un elemento estratégico tanto para la adaptación al cambio climático como para el desarrollo económico y social, por lo que las decisiones de descarbonización deben considerar simultáneamente criterios ambientales, sociales y de competitividad.
Durante el bloque de compromiso y acción climática, representantes del sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil analizaron los retos asociados a la implementación de las CND, la reducción de emisiones, la movilidad sostenible, la infraestructura resiliente y la gestión de riesgos climáticos. Entre las conclusiones destacó la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada, el financiamiento y la innovación para acelerar la descarbonización y fortalecer la competitividad del país.
Como cierre de la jornada se desarrolló la Inspiratón Sostenible, moderada por Luis Mastroeni. El espacio reunió a representantes de Heineken Costa Rica, Allpack, Motores Osaka y la Universidad Nacional para compartir experiencias sobre compras sostenibles, innovación en empaques, economía circular, conservación de la biodiversidad y trabajo colaborativo en cadenas de valor, demostrando cómo la sostenibilidad puede traducirse en resultados concretos cuando existe articulación entre empresas, proveedores, academia y comunidades.
por CICR | Jun 10, 2026 | Empresas en acción
- La empresa salvadoreña Aristos Technologies demuestra que es posible fortalecer la soberanía digital de Centroamérica con infraestructura crítica de alta disponibilidad con su reciente centros de datos, DataTrust; resiliente a los impactos climáticos y que opera con energía renovable.
- La implementación combina redundancia eléctrica y mecánica con monitoreo avanzado para operar de forma preventiva y optimizar energía.
San José, Costa Rica. 16 de marzo de 2026. Con el objetivo de revertir el rezago en infraestructura tecnológica en el Triángulo Norte y posicionarse como un referente para toda la región, el proyecto DataTrust, división de Aristos Technologies, ha consolidado su operación como el primer centro de datos comercial con certificación TIER III, que acredita una infraestructura capaz de recibir mantenimiento sin interrumpir el servicio, y LEED Silver, que reconoce buenas prácticas de sostenibilidad, en el país. Esta transformación, centrada en la implementación de la solución Secure Power de Schneider Electric, permite a la compañía ofrecer servicios de nube y almacenamiento con estándares globales desde el Altius Tech Park.
La implementación, que habilita infraestructura crítica para la región, se enmarca en una alianza respaldada por Schneider Electric, compañía con 50 años de trayectoria en Centroamérica. El proyecto no se limitó al suministro de equipos, sino que incluyó acompañamiento técnico para codiseñar una arquitectura donde todos los componentes “hablen el mismo idioma”, incluyendo visitas de ingenieros salvadoreños al centro de experiencias de Schneider Electric en St. Louis, Missouri (Estados Unidos).
Como resultado de esta implementación, la infraestructura de DataTrust ha logrado mantener un 100% de tiempo de actividad (uptime) desde el inicio de sus operaciones. Este resultado es producto de una estrategia que combina redundancias eléctricas y mecánicas con herramientas de monitoreo avanzado como EcoStruxure Building Operation, Power Monitoring Expert (PME) e IT Expert y se perfila como una solución óptima para industrias de sectores como banca, salud y servicios de telecomunicaciones.
Dentro de la arquitectura EcoStruxure, estas tres herramientas de software son pilares fundamentales para la gestión de infraestructura crítica, como se evidencia en el caso de DataTrust. El Building Operation (Building Management System) es un sistema de control y monitoreo integral del edificio que, en centros de datos, analiza el uso de energía en la infraestructura TI, mientras brinda seguridad e información del sistema de climatización, energía, incendios y seguridad. Su función es centralizar el control para que todos los componentes operen bajo un mismo lenguaje técnico y una gestión unificada.
El PME es un software de supervisión y análisis de la energía eléctrica que, gracias a su detección precisa, identifica qué alarma se activó y en qué punto se requiere una intervención. Además, ayuda a optimizar el consumo y mejorar el uso de la energía en el centro de datos, y al brindar datos certeros reduce el margen de error humano en las decisiones operativas.
Finalmente, IT Expert es una solución de monitoreo proactivo y remoto que funciona 24/7. Se enfoca en la salud de la infraestructura de TI y las instalaciones eléctricas y de potencia. Sus funciones clave son el mantenimiento preventivo; la visibilidad remota que proporciona diagnósticos y notificaciones en tiempo real a través de conexiones de red, permitiendo incluso intervenciones a distancia si es necesario; y la garantía de disponibilidad de los servicios de nube.
En conjunto, estas herramientas permiten a proyectos como DataTrust operar de forma predictiva, detectando fallas (como problemas en sistemas de enfriamiento o chillers) justo a tiempo para activar redundancias sin afectar el servicio al cliente.
“La precisión con la que estos softwares nos dicen qué y dónde se necesita un cambio nos permite ser más eficientes y certeros; el error humano disminuye considerablemente porque el equipo no miente. Por ejemplo, detectamos a tiempo una falla en un chiller y pasamos a la línea de redundancia sin afectar el servicio al cliente”, destaca René Ramos, gerente general de Grupo Aristos.
Bajo esta arquitectura, la compañía asegura que entregan continuidad 24/7, visibilidad centralizada y optimización energética en cada capa del data center, para mejorar el Power Usage Effectiveness (PUE), es decir la efectividad en la utilización de la energía, reducir riesgos y escalar con confianza.
“Con nuestra solución entregamos continuidad de servicio las 24 horas cada día de la semana durante todo el año, visibilidad centralizada y optimización energética en cada capa del data center, ayudamos a mejorar la efectividad en el empleo de la energía, con lo cual se reducen riesgos y es factible para las organizaciones de Centroamérica escalar con confianza”, explica José Alberto Llavot, gerente de Preventa y Desarrollador de Negocios en Schneider Electric para México y Centroamérica
Impacto regional y escalabilidad para el sector comercial
La solución permite que DataTrust pueda ofrecer una escalabilidad sin precedentes a empresas en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá. “Si un cliente hoy requiere un rack y mañana necesita 20 o 40, tenemos la capacidad de potencia y enfriamiento para ofrecerlo”, señaló René Ramos, gerente general de Grupo Aristos.
Actualmente, esta infraestructura soporta las operaciones de industrias esenciales que no pueden permitirse tiempos de inactividad.
“Sectores como el financiero ya pueden contar con almacenamiento y procesamiento seguro para sus transacciones. También las farmacéuticas y el sector salud se benefician al garantizar continuidad en sistemas de información y almacenamiento crítico. Además, gobiernos y entes reguladores pueden resguardar y disponer datos públicos bajo normativas internacionales, y el sector telecomunicaciones cuenta con soporte para el crecimiento de la conectividad regional”, puntualiza José Alberto Llavot, gerente de Preventa y Desarrollador de Negocios en Schneider Electric para México y Centroamérica
Además de su robustez técnica, el proyecto opera con energía renovable de plantas fotovoltaicas propias y cuenta con un diseño antisísmico clase A para mantener la continuidad incluso ante desastres naturales, manteniendo conectado el ecosistema digital de Centroamérica. Con esta base, DataTrust se perfila como un hub tecnológico listo para acompañar el crecimiento de la Inteligencia Artificial y otras demandas de alta densidad energética.
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Sobre Schneider Electric
El propósito de Schneider es empoderar a todos para aprovechar al máximo nuestra energía y nuestros recursos, de manera que se apoye el progreso y la sostenibilidad para todos. Nuestra misión es ser su socio digital para lograr la sostenibilidad y la eficiencia. Impulsamos la transformación digital mediante la integración de tecnologías de procesos y energía líderes en el mundo, productos de conexión de terminales a la nube, controles, software y servicios que abarcan todo el ciclo de vida, lo que permite la administración integrada de empresas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.
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