Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Las compras públicas suelen percibirse como un tema técnico, incluso administrativo. Pero esa visión es limitada. En realidad, es una de las herramientas más poderosas que tiene el Estado para incidir en la competitividad, la innovación y la eficiencia del gasto público.

A nivel global, según datos OECD para 2023 las compras públicas representaron el 12,7% del PIB global. Cada decisión de compra tiene, por tanto, efectos estructurales. Puede abrir mercados, impulsar la innovación y mejorar los servicios públicos, o, por el contrario, generar rigidez, dependencia y mayores costos. En el caso de la tecnología, este desafío es aún más evidente.

Estamos frente a un sector dinámico, donde los ciclos de innovación son cada vez más cortos y donde las decisiones de compra no pueden responder a esquemas rígidos o a prácticas heredadas. Comprar tecnología hoy no es simplemente adquirir equipos, es decidir cómo se construyen las capacidades digitales del Estado y, en consecuencia, cómo se presta servicio a la ciudadanía. Por eso, modernizar la contratación pública en tecnología no es un tema opcional. Es una condición para competir.

En este contexto, la Cámara de Industrias de Costa Rica, en conjunto con la OCDE y con el apoyo de la Dirección de Contratación Pública, impulsó el seminario “Implementación de la neutralidad tecnológica y la interacción con el mercado en la compra pública de computadoras en Costa Rica”, un espacio que permitió abordar este reto desde la evidencia y las mejores prácticas internacionales.

Desde el 2024, estudios de la OCDE para América Latina constataron que, los países que han avanzado más rápido en la modernización de las compras públicas de tecnología han implementado cinco elementos clave: análisis de mercado, perfiles funcionales de usuarios, especificaciones basadas en desempeño y mecanismos formales y permanentes de relacionamiento con proveedores, destacándose el rol de la interacción temprana.
Este esfuerzo no es aislado y forma parte de un proyecto orientado a desarrollar capacidades, compartir experiencias y, sobre todo, facilitar la implementación de reformas que acerquen al país a estándares internacionales.

Uno de los principales resultados fue la presentación de un manual que aporta un marco práctico para mejorar la forma en que el Estado compra tecnología. Su enfoque se sustenta en dos ejes estratégicos y complementarios: la neutralidad tecnológica y la interacción con el mercado. Este manual se complemente con el Protocolo de interacción con el mercado, presentado por la Dirección de Compras Públicas algunas semanas atrás. Basar las decisiones de compra en parámetros de desempeño, funcionalidad y valor por dinero, promueve sana competencia e innovación y evita problemas de dependencia a un único proveedor.

Por su parte, la interacción con el mercado plantea un cambio de enfoque igualmente relevante. Tradicionalmente, los procesos de contratación han operado con una separación rígida entre el sector público y el privado, bajo la premisa de proteger la transparencia. Sin embargo, la evidencia muestra que esta separación, cuando es absoluta, genera asimetrías de información y procesos menos eficientes.

Interactuar con el mercado de forma estructurada, transparente y documentada, permite al Estado conocer mejor las capacidades disponibles, diseñar mejores especificaciones y evitar procesos fallidos o restrictivos. Como se planteó en el seminario, la transparencia exige reglas claras para interactuar mejor, y esa interacción es en el mejor interés de ambas partes, y del efectivo cumplimiento del interés público que justifica cada compra del Estado.

Los países que han avanzado en esta materia lo han hecho institucionalizando este diálogo y utilizando herramientas como benchmarks, perfiles funcionales de usuario y mecanismos dinámicos de actualización tecnológica. No se trata de copiar modelos, sino de adoptar principios que ya han demostrado resultados.

Quizás uno de los hallazgos más relevantes de este proceso fue la constatación de que el desafío no es conceptual. Sabemos qué hacer, de hecho, la mayoría de las instituciones ya reconoce la importancia de interactuar con el mercado Según datos de la OECD constatados en el marco del proyecto, 96,6% de las instituciones sí investigan el mercado antes de comprar, pero 57,6% no realiza actividades de interacción, a pesar de que más del 72% reconoce el valor que tiene la interacción con el mercado. De manera que el reto es pasar de ese reconocimiento a la implementación sistemática, y ahí es donde se juega el verdadero cambio.

Cuando el Estado compra mejor, no solo mejora su eficiencia, también manda señales claras al mercado, incentiva la innovación y abre oportunidades para que más empresas (sobre todo las PYME) participen en igualdad de condiciones y encuentre más espacios para participar. Todo esto tiene un impacto directo en la competitividad del país.

La contratación pública puede ser un instrumento para cerrar brechas, acelerar la transformación digital y fortalecer el ecosistema productivo. Pero para lograrlo, requiere reglas claras, capacidades técnicas y, sobre todo, voluntad de modernización. El seminario y el manual presentado son un punto de partida.
El desafío ahora es avanzar en la implementación de cambios a partir del Manual presentado, incorporar estas prácticas en la gestión cotidiana y medir su impacto. Porque en un entorno donde la tecnología evoluciona rápidamente, los sistemas de compra no pueden quedarse atrás.

Costa Rica cuenta con capacidades institucionales, un sector empresarial preparado y acceso a buenas prácticas internacionales para avanzar. El reto es articular estos elementos y traducirlos en resultados concretos. Incluso, debemos ir más allá: aprovechar este valioso insumo no solo para la compra pública de tecnología, sino como referencia para fortalecer los procesos de contratación pública en general. Idealmente, este esfuerzo debería evolucionar con su aplicación práctica, incorporando lecciones aprendidas que permitan actualizar la herramienta y adaptarla a las necesidades y retos específicos de otros sectores.

Este artículo fue publicado originalmente en el Observatorio de Contratación Pública (ObCP)