- Propuesta de JAPDEVA presenta debilidades técnicas, inconsistencias y aumentos desproporcionados en servicios clave. Por ello, la Cámara solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) no aprobar la tarifaria en su versión actual.
- Incrementos afectarían directamente los costos logísticos y la capacidad de competir de las empresas que importan o exportan por las Terminales Portuarias Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan. En algunos servicios los aumentos superan el 50%, más de 100% y hasta un aumento de 1069,71%, sin que exista una justificación proporcional a su impacto.
San José, 20 de marzo de 2026. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) manifestó su oposición a la propuesta de aumento de las tarifarias ordinaria presentada por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), al considerar que presenta debilidades metodológicas, inconsistencias internas y aumentos desproporcionados que afectarían la competitividad del país.
Desde el sector productivo manifestaron que los servicios portuarios constituyen un componente esencial de la estructura logística nacional, por lo que cualquier incremento tarifario se traslada directamente a los costos de importación y exportación, impactando la tanto operación de las empresas y, en consecuencia, los costos de los productos que se venden en el país, la generación de empleo y el bienestar de los costarricenses.
“La competitividad de nuestras empresas es clave para el desarrollo del país. Aumentos tarifarios de esta magnitud, sin una justificación técnica robusta, ni un análisis de impacto económico claro, en un contexto económico tanto nacional como internacional como el actual, terminan afectando la capacidad de las empresas para competir, invertir y generar empleo”, señaló Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
El análisis técnico realizado por la CICR identifica múltiples preocupaciones en la propuesta de aumento tarifario, entre ellas la falta de una relación clara entre costos y tarifas, el uso de supuestos sin sustento verificable, inconsistencias en la asignación de costos y la ausencia de un análisis de eficiencia que permita evitar el traslado de ineficiencias al usuario final. Todo lo anterior en contravención de los principios de servicio al costo, eficiencia económica, transparencia tarifaria y protección del usuario, establecidos en el artículo 32 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley No. 7593). Asimismo, se advierte que los incrementos planteados en algunos servicios superan el 50%, otras en más de 100% e incluso incrementos de hasta 1069,71%, sin que exista una justificación proporcional a su impacto.
Adicionalmente, la Cámara señaló que el proceso de ajuste tarifario presenta debilidades en su desarrollo, incluyendo múltiples modificaciones sustanciales en la propuesta original, requerimientos reiterados de información técnica y la cancelación de una audiencia pública, lo que genera preocupaciones en términos de transparencia, seguridad jurídica con el riesgo de dejar en indefensión a los usuarios al no contar con la información requerida, y que finalmente aumenta el 60% de las tarifas portuarias y crea más de 20 tarifas nuevas.
“Hoy vivimos en un contexto económico donde las empresas ya enfrentan presiones como la apreciación excesiva y sostenida del colón, sumarle mayores costos operativos como aumentos en servicios logísticos clave podrían profundizar los problemas de competitividad y limitar la capacidad del país para insertarse en mercados internacionales”, añadió el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
Por ello, la Cámara solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) no aprobar la propuesta tarifaria y requerir, ante cualquier estudio tarifario, una reformulación integral que garantice trazabilidad, consistencia técnica y una adecuada justificación económica de las tarifas propuestas.
“Desde la CICR reiteramos que fortalecer la competitividad de las empresas es clave para el desarrollo del país, la generación de empleo y el bienestar de los costarricenses. Por ello, toda decisión regulatoria debe garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad de los servicios y la protección de los usuarios, promoviendo el crecimiento económico”, concluyó Sergio Capón.
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