Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

La misión del Estado no es levantar muros a la productividad, sino allanar el camino para que las empresas crezcan y trasladen bienestar a los ciudadanos. Cuando las personas que están al frente de las instituciones irrespetan los mandatos legales y por omisión, incurren en daños a ciudadanos y organizaciones, el Estado no solo incumple con sus funciones sino además genera daños que deben ser restituidos.

Desde su diseño original, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), contenido en el Título I de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (del 3 de diciembre de 2018), estableció que los bienes y servicios destinados a exportación no deben soportarlo. Esto responde al principio de neutralidad: el impuesto se aplica a bienes y servicios para los residentes de un país, sin encarecer los productos o servicios que se venden en otros mercados. Para garantizar esa neutralidad, la ley contempla mecanismos como la devolución expedita, sistemas alternos y, en el caso de exportaciones, la devolución automática del impuesto a los productores al adquirir materias primas e insumos. Sin embargo, tras más de seis años de vigencia, a partir del transitorio X de dicha Ley, la práctica ha distorsionado el concepto: en la plataforma Exonet, lo que debería ser una “autorización para no soportar el impuesto” se ha interpretado erróneamente como una “exención”.

En la Cámara de Industrias de Costa Rica hemos venido advirtiendo que esa confusión debe ser subsanada y que la temporalidad que el legislador estableció para la implementación de la devolución expedita o automática no debe seguirse manteniendo, pues tanto la herramienta tecnológica como el enfoque de fiscalización de la Dirección General de Hacienda cargan al exportador con costos financieros y trámites que la propia arquitectura del IVA buscó evitar. La Plataforma de Exonet, por ejemplo, no permite tramitar simultáneamente las condiciones de exportador directo y proveedor de exportador, que en la mayoría de los casos también vende en el mercado local, aunque estas realidades coexisten en la operación. La restricción no nace de la ley, sino de la plataforma, y obliga a tener inventarios y controles paralelos que son materialmente imposibles para muchas empresas, especialmente para Pymes o para empresas que adquieren materias primas que, en el proceso productivo, no pueden individualizarse en los productos finales.

La respuesta oficial que hemos recibido luego de múltiples esfuerzos por encontrar solución a este grave problema, fue sostener que el impedimento es “necesario para el control tributario”. El problema es que ese control se traduce, en la práctica, en sancionar a quien sí traslada el IVA cuando vende localmente, aun habiendo declarado desde el inicio que el 100% de las ventas no serían exportaciones. La Administración asume que lo no soportado “nunca se recupera”, una premisa contraria a la realidad operativa del impuesto.

Aquí es donde conviene recordar dos principios. Primero, el de legalidad: los sistemas informáticos deben ajustarse a la ley, no al revés. Segundo, el de sustancia sobre forma: la actuación administrativa no puede encallarse en formalismos que ignoran la realidad económica.

Cuando el Estado impone un único camino (a través de Exonet), y luego desconoce sus propios efectos para sancionar “incumplimientos” nacidos de las limitaciones del sistema, quiebra la confianza legítima y erosiona la seguridad jurídica. Esa inseguridad se agrava con la trampa del “transitorio permanente”, que exige a exportadores y proveedores una trazabilidad imposible (como si una pyme pudiera partir su bodega por cliente). Así no solo se castiga al que produce: se espanta inversión, empleo y recaudación futura. Nuestros competidores ya entendieron que la gestión tributaria pesa tanto como la tasa: simplifican, devuelven rápido y reducen fricciones. Urge rectificar: cumplir la ley con devoluciones automáticas o equivalentes y exoneraciones proporcionales; habilitar vías alternas cuando el sistema falle sin castigos por imposibilidad material; y alinear la fiscalización a un principio rector claro: crecimiento económico con protección de las unidades productivas.

No se trata de recaudar a cualquier costo. Las instituciones deben crear las condiciones para que las empresas crezcan, inviertan y paguen mejores salarios y más impuestos. Y eso empieza por algo tan elemental como respetar la ley que ordena facilitar, no obstaculizar, la vida del que produce.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico La República de Costa Rica.

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