Por Akira Hidalgo, asesora en Sostenibilidad en la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR)

El 2026 no será un año más en la agenda de sostenibilidad. Será un punto de inflexión. Durante décadas, la sostenibilidad fue entendida como un esfuerzo paralelo a la operación empresarial: importante, sí, pero muchas veces desvinculado de las decisiones estratégicas. Hoy, ese paradigma ha cambiado de forma definitiva. La sostenibilidad dejó de ser un discurso para convertirse en una condición para competir.
A nivel global, las señales son contundentes. La presión de los mercados financieros, la evolución regulatoria, las exigencias de las cadenas de suministro y el avance tecnológico están redefiniendo las reglas del juego. Las empresas ya no solo deben cumplir, deben demostrar. Y deben hacerlo con transparencia, datos verificables, métricas comparables y resultados concretos.

Los números ayudan a dimensionar este cambio. Según Boston Consulting Group (BCG), más del 80% de las empresas ya obtiene beneficios económicos directos de sus esfuerzos de descarbonización, mientras que cerca del 90% reconoce la sostenibilidad como una fuente de valor futuro. En paralelo, una proporción creciente del capital global se asigna bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que implica que el acceso a financiamiento depende, cada vez más, de la capacidad de las empresas para evidenciar su desempeño en estos ámbitos.

Sin embargo, cuando se aterriza esta realidad al contexto costarricense, surgen matices relevantes. De acuerdo con el estudio “Madurez organizacional y factores limitantes del desempeño empresarial en Costa Rica: análisis de las evaluaciones 2025 del Programa a la Excelencia”, aunque el 68% de las variables evaluadas se ubica en niveles de madurez “Maduro” o “Maduro Alto”, persiste una brecha significativa entre la gestión y los resultados, siendo estos últimos los que muestran menores niveles de desempeño. Más aún, áreas clave para la sostenibilidad, como ambiente, responsabilidad social e innovación y tecnología, presentan los niveles más bajos de madurez.

Esto sugiere que, mientras a nivel global la sostenibilidad ya se traduce en valor económico tangible, en Costa Rica muchas empresas aún se encuentran en una etapa de transición, ya que han incorporado estructuras y procesos, pero enfrentan el reto de convertirlos en resultados medibles, comparables y competitivos.
No obstante, el nuevo contexto global revela que la sostenibilidad ya no es solo una cuestión reputacional; es una variable que incide directamente en la productividad, la resiliencia, la innovación y la competitividad de las empresas.

Uno de los cambios más relevantes ocurre en las cadenas de suministro. Las grandes empresas están trasladando sus exigencias de sostenibilidad a proveedores y aliados, generando un efecto en cascada que impacta a miles de pequeñas y medianas empresas. Ya no basta con declarar buenas prácticas: se exige trazabilidad, gestión de riesgos y cumplimiento de estándares internacionales. En este entorno, la sostenibilidad se convierte en un requisito de entrada a los mercados.

A esto se suma un factor adicional que está reconfigurando el panorama: la inteligencia artificial. El crecimiento acelerado de esta tecnología está incrementando de forma significativa la demanda energética global. Se estima que los sistemas optimizados para IA podrían duplicar su participación en el consumo eléctrico de los centros de datos en los próximos años. Esto plantea un dilema complejo: la tecnología es clave para mejorar la eficiencia y la gestión de la sostenibilidad, pero al mismo tiempo aumenta la presión sobre los sistemas energéticos.
En este escenario, la pregunta no es solo cómo innovar, sino cómo hacerlo de manera sostenible.

Costa Rica enfrenta este reto desde una posición particular. Por un lado, cuenta con una ventaja estratégica indiscutible: el 98,2% de su generación eléctrica proviene de fuentes renovables, lo que la convierte en una excepción a nivel mundial. Este atributo abre una oportunidad clara para posicionar al país como un destino atractivo para industrias tecnológicas y de alto valor agregado, incluyendo infraestructura asociada a la inteligencia artificial.

Sin embargo, esta fortaleza convive con una debilidad estructural. Cuando se analiza la matriz energética total, que incluye transporte, industria y otros usos, el país sigue dependiendo en un 65% de combustibles fósiles. El transporte, en particular, concentra más del 77% de este consumo.
Esta dualidad plantea un desafío crítico. Costa Rica es líder en generación eléctrica limpia, pero su economía en su conjunto aún no logra descarbonizarse. Y en un contexto donde la demanda energética crecerá impulsada por la digitalización, esta brecha puede ampliarse si no se toman decisiones oportunas.

El país ya ha dado pasos importantes, como la definición de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. No obstante, el siguiente nivel de la discusión pasa por integrar de manera explícita criterios energéticos y ambientales en su implementación. La expansión tecnológica debe ir acompañada de una expansión sostenible de la capacidad energética. En este punto, la discusión regulatoria adquiere un rol central. La posibilidad de habilitar mayor inversión en generación eléctrica renovable, bajo esquemas competitivos y eficientes, será determinante para sostener el crecimiento económico sin comprometer las metas climáticas.

En este contexto de transformación, los espacios de diálogo y articulación se vuelven fundamentales. El Congreso Nacional de Sostenibilidad, que celebraremos el 10 de junio, se inserta precisamente en este momento, como una plataforma para traducir tendencias globales en decisiones concretas para el país.
Su agenda refleja con claridad los temas que hoy definen la competitividad empresarial: gobernanza, finanzas sostenibles, economía circular, descarbonización, tecnología e inteligencia artificial. Pero su valor no radica únicamente en los contenidos, sino en su capacidad de reunir a actores clave —sector productivo, sector público y sistema financiero— para construir una visión compartida.

Porque el desafío que enfrenta Costa Rica no es menor. Se trata de pasar de una ventaja reputacional a una estrategia estructural. De aprovechar sus condiciones actuales para posicionarse en una economía global que exige cada vez más rigor, más transparencia y más capacidad de ejecución.
El 2026 no será el año en que discutamos si la sostenibilidad es importante. Esa discusión ya quedó atrás. Será el año en que se evidencie qué empresas, qué sectores y qué países lograron entender que la sostenibilidad no es un costo ni una obligación adicional, sino la base sobre la cual se construye la competitividad en el siglo XXI.

Este artículo de opinión fue publicado originalmente en La República de Costa Rica.

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