Por Edgar Tenorio, coordinador de la Comisión de Calidad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Industrias de Costa Rica
Hace un tiempo, impartiendo clases en la universidad, decidí hacer un ejercicio simple. Llevé unas galletas y las repartí entre los estudiantes. Todos las aceptaron y las comieron sin dudar. Minutos después, les hice una pregunta: ¿alguien revisó la etiqueta del empaque? ¿verificaron que tenía registro sanitario? Nadie lo había hecho.
Esa escena, tan cotidiana, confirma un problema de fondo: asumimos que todo lo que está en el mercado es seguro. Y esa confianza automática puede ser un error costoso.
El registro sanitario no es un trámite más. Es un filtro esencial para proteger la salud de las personas. Es el mecanismo mediante el cual se verifica que productos como alimentos, medicamentos o cosméticos cumplen con requisitos técnicos exigidos en los reglamentos técnicos y son seguros para su consumo o uso.
Pero ese sistema no funciona solo. Depende también de la vigilancia, siendo incluso más importante este último aspecto para comprobar el cumplimiento de los requerimientos aplicables a determinado producto.
Y aquí es donde todos entramos en juego. Cuando un producto sin registro sanitario circula libremente en el mercado, no solo representa un riesgo directo para quien lo consume —con consecuencias que pueden ir desde afectaciones a la salud hasta la muerte—, sino que también distorsiona el mercado.
Las empresas que cumplen con la regulación asumen costos, tiempo, estándares y controles, pero las que no, compiten con precios más bajos, pero a costa de la seguridad del consumidor. Eso no es eficiencia: es competencia desleal.
El impacto va más allá. La informalidad crece, se debilita el empleo formal y se erosiona la confianza en el mercado. Porque un mercado sin garantías es un mercado que pierde credibilidad. Por eso, verificar no es un acto menor. Es una responsabilidad compartida.
Las autoridades tienen el rol de controlar, pero también enfrentan limitaciones reales. El consumidor, entonces, deja de ser un actor pasivo y se convierte en una pieza clave del sistema.
Revisar que un producto tenga registro sanitario, verificar que corresponda al producto correcto y comprar en establecimientos autorizados no son detalles, son decisiones que protegen la salud propia y la de los demás. No verificar esos detalles nos hace parte del problema.
Cada vez que compramos un producto sin respaldo, estamos facilitando que ese tipo de mercancía siga circulando. Cada vez que no denunciamos, estamos permitiendo que el riesgo continúe.
El costo de no cumplir no es abstracto. Se paga en salud, en confianza y en competitividad país e incluso en casos más graves, con la vida de las personas.
La próxima vez que tenga un producto en sus manos —como esas galletas que repartí en clase—, la pregunta es simple: ¿lo verificó? Porque verificar es protegernos. Y también es proteger el mercado en el que todos participamos.
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