Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR)
La discusión sobre el expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, ha estado marcada por una serie de afirmaciones que, lejos de contribuir al análisis técnico del proyecto, han generado confusión sobre sus verdaderos alcances.
Es comprensible que una reforma de esta magnitud genere debate. Lo preocupante es cuando la discusión se aleja del contenido real del proyecto y se sustituye por afirmaciones que no corresponden a lo que establece el texto.
Uno de los argumentos falaces más difundidos es la idea de que esta ley privatiza el ICE o el Sistema Eléctrico Nacional. Esto es totalmente falso. En la etapa de transmisión, el ICE sigue manteniendo el monopolio del 100%, con tarifa regulada por ARESEP; y en la etapa de distribución conserva sus áreas geográficas de cobertura tal y como las tiene hoy en día, también con tarifas reguladas por ARESEP. Por tanto, el ICE seguirá siendo el actor principal del sector eléctrico costarricense y se mantiene como una institución pública.Además del ICE, las cooperativas eléctricas, JASEC y ESPH conservan sus respectivas áreas de concesión y las obligaciones de cobertura universal que han caracterizado al sistema eléctrico costarricense, las cuales se financian mediante la tarifa fijada por ARESEP.
El proyecto que está para aprobación abrirá el mercado de generación de forma regulada y busca que se seleccionen los mejores proyectos por el costo de la energía que producirán. Las plantas de respaldo del sistema del ICE no entran en competencia y el resto de las plantas competirán por costo hasta dentro de diez años. Es decir, el ICE no solo no se privatiza, sino que se resguarda como respaldo del sistema y, junto con todas las distribuidoras, continúa brindando un servicio de suministro eléctrico regulado que debe garantizar la cobertura universal y el espíritu solidario. Es falso que, con la aprobación de este proyecto, la electricidad deje de llegar a lugares alejados.
También se ha afirmado que la reforma provocará tarifas más altas para los consumidores. Sin embargo, uno de los objetivos centrales del proyecto es precisamente generar condiciones para que la electricidad sea lo más barata posible para el consumidor. La propuesta incorpora mecanismos de competencia regulada en la etapa de generación eléctrica, que representa aproximadamente el 60% del costo de la tarifa final. Justamente, la competencia entre los proyectos que se van a construir busca que se desarrollen únicamente aquellos que beneficien la tarifa eléctrica por tener un menor costo por kilovatio hora producido. Una segunda etapa de competencia consiste en garantizar que el despacho sea económico, lo que significa que, a lo largo del día, se utilicen primero las plantas que producen a menor costo, para asegurar al consumidor que la tarifa eléctrica que pagará será la más baja posible.
Por ello, los consumidores son los principales interesados en que este proyecto se apruebe, pues después de muchas décadas se plantea una iniciativa que busca reducir las tarifas eléctricas. Promover inversiones más eficientes y ampliar la oferta de energía renovable son algunas de las herramientas más efectivas para contener costos y beneficiar tanto a los hogares como a las empresas.
Otra afirmación, tan recurrente como falsa, es que el proyecto eliminaría el carácter solidario del sistema eléctrico costarricense. Como se indicó anteriormente, la solidaridad del modelo eléctrico nacional se materializa principalmente a través de la distribución: la tarifa regulada, la electrificación rural, la expansión de redes y la obligación de brindar servicio en todo el territorio nacional. Ninguno de estos elementos desaparece con la reforma. Las ocho distribuidoras eléctricas mantienen sus áreas de concesión territorial; no se incorpora ningún cambio en la etapa de distribución. Por tanto, las distribuidoras eléctricas seguirán financiando, mediante las tarifas reguladas por ARESEP, las inversiones necesarias para garantizar la cobertura universal.
Asimismo, ARESEP fija actualmente tarifas residenciales más bajas para los consumos reducidos y las incrementa en los tramos de consumo superiores, estableciendo un subsidio cruzado en favor de las familias con menos recursos, que presentan menores niveles de consumo eléctrico. Por el contrario, una generación más eficiente puede contribuir a fortalecer toda la cadena de suministro eléctrico.
También se ha sugerido que la ley abriría masivamente el mercado eléctrico a los grandes consumidores, lo que descremaría el mercado y aumentaría las tarifas. Lo cierto es que el proyecto de ley prácticamente eliminó la figura del gran consumidor al restringirla únicamente a clientes conectados en alta tensión. Como el ICE mantiene el monopolio de la transmisión, es el único que atiende a esos clientes. Actualmente existen solo nueve usuarios en alta tensión en el país, y el volumen de consumo requerido es muy elevado, pues para acceder a este servicio la empresa debe construir su propia subestación, lo que implica no solo espacio, sino también inversiones de millones de dólares.
Adicionalmente, el cliente en alta tensión paga por la etapa de generación y por la etapa de transmisión, por lo que siempre seguirá contribuyendo al financiamiento de esas inversiones dentro del sistema eléctrico. La única etapa de la que podría salir es la de distribución, situación que ya ocurre actualmente. Por ello, es falso que, como consecuencia de esta ley o de la figura del gran consumidor en alta tensión, aumentarán las tarifas para el consumidor residencial. Hoy existen únicamente nueve consumidores en alta tensión de un total de 2.065.000 consumidores eléctricos.
Más allá de discusiones tendenciosas o falaces, el país debería concentrarse en los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.
Costa Rica continúa dependiendo en gran medida de los hidrocarburos para mover su economía. Al mismo tiempo, mantiene una elevada dependencia de la generación hidroeléctrica, lo que la expone a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. A esto se suma el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica impulsado por la movilidad eléctrica, la transformación industrial, los centros de datos, la inteligencia artificial y el proceso de descarbonización de la economía.
La pregunta que debería ocupar el centro del debate es: ¿este proyecto de ley beneficia al consumidor? ¿Y promueve la inversión en generación renovable para atender las necesidades del futuro?
La Ley de Armonización propone fortalecer la planificación energética de largo plazo, modernizar la gobernanza del sistema, ampliar la oferta de energía renovable y crear condiciones para que Costa Rica pueda responder a los retos energéticos de las próximas décadas con mayor resiliencia, eficiencia y competitividad.
En ese contexto, la energía dejó de ser únicamente un tema técnico. Hoy es una decisión estratégica de país y también una decisión estratégica de negocio. La competitividad futura de Costa Rica dependerá tanto de contar con un marco regulatorio moderno y capaz de atraer inversión en energía renovable, como de la capacidad de las empresas para incorporar innovación, eficiencia energética y nuevas tecnologías en sus procesos productivos.
En otras palabras, el verdadero debate no debería girar alrededor de mitos o temores infundados. Debería centrarse en cómo garantizar simultáneamente seguridad energética, sostenibilidad ambiental, suficiencia de oferta, tarifas competitivas y capacidad de crecimiento económico.
Hoy enfrentamos un entorno disruptivo que exige decisiones. Por ello, organizamos el Congreso de Energía 2026 de la Cámara de Industrias de Costa Rica, que se realizará el próximo 30 de julio. El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar temas como competitividad energética, reforma del mercado eléctrico, almacenamiento, inteligencia artificial, electrificación, resiliencia y las nuevas tecnologías que están transformando la forma en que los países y las empresas producen, gestionan y consumen energía.
Porque, al final, más allá de cualquier diferencia política, lo que está en juego es la capacidad de Costa Rica para generar más energía renovable, aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, avanzar en la descarbonización, atraer inversión, crear empleo y ofrecer mejores condiciones para todos los consumidores.
Este artículo fue publicado originalmente el La República de Costa Rica.
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