La propuesta del Gobierno está sesgada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo y con ello la reactivación y el crecimiento económico y la generación de empleo.  Del lado del gasto hay poco nuevo y lo que tiene mayor impacto es lo que ya de todas formas se tiene que aplicar de forma estricta el contenido de  la Regla Fiscal y medidas complementarias contenidas en el Título IV de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  Igualmente, la Ley Marco de Empleo Público estaba planteada como una medida que incluso ya debería estar aprobada según el compromiso que el Gobierno había adquirido en el proceso de negociación de la Ley 9635; además, los ahorros serán a mediano y largo plazo.  Es decir, este nuevo ajuste fiscal, justificado por los efectos de la pandemia del COVID 19 se fundamenta principalmente en aumento y nuevos impuestos.

Aumentos y nuevos impuestos, aunque sean temporales, son contrarios al objetivo de reactivar la economía, pero también impactaran a futuro el crecimiento económico al impactar negativamente los niveles de inversión. Tasas de impuesto sobre la renta de empresas del 36%, aunque sean temporales, afectan la competitividad del país en relación, por ejemplo, con otros países de la región centroamericana que tiene incluso tasas del impuesto sobre la renta de empresas menores al 30% (en Guatemala por ejemplo el impuesto sobre la renta es de 25% y el de dividendos de 5%).  Imponer un nuevo impuesto a la propiedad de bienes inmuebles también aumentará, para las empresas, la Tasa Impositiva Total de una empresa nacional tipo que es del 58,3%, una de las más altas a nivel internacional, según los últimos cálculos del Doing Business, del Banco Mundial.

Gravar los salarios aún más también tendrá un efecto de contracción del consumo y por tanto profundizará los efectos recesivos sobre la economía.

Las propuestas reducir el tamaño del estado, fusionando o cerrando instituciones, están prácticamente ausentes.  Es decir, no vemos realmente medidas estructurales de reforma del estado, en la dirección, por ejemplo, del proyecto de Ley CERRAR presentado hace algunos años por el entonces Diputado Ottón Solís.

También, como hemos señalado en otras oportunidades, es hora de plantearse en serio la venta de ciertas instituciones y empresas públicas, más allá de BICSA y FANAL, cuya venta además no tendrían un impacto significativo sobre el nivel de la deuda.

Sobre el impuesto a las transacciones monetarias.  En el caso de una empresa exportadora, a la hora de recibir el pago recibirá 0.3%  menos, y a la hora de pagar por materias primas deberá pagar un 100.3%; por lo que el golpe es peor.  Igual los trabajadores a los que por lo general se les deposita el salario recibirán menos dinero, por lo que nuevamente se le quita dinero a todos los costarricenses.

La reducción temporal de las cargas sociales y la reducción del impuesto al GLP va en la dirección correcta de medidas de reactivación, sin embargo la propuesta de reducir las tarifas de electricidad sigue siendo una promesa no cumplida, que ya no puede esperar más y ahora debemos  conocer la hoja de ruta para saber cuándo finalmente se cumplirá.

“Legislación en Residuos separación, almacenamiento, transporte, rotulación y gestores” a cargo del Sr. Javier Monge  Ecolegal Abogados.
“Propuestas de Ley y Reglamento de Generación Distribuida” a cargo del Sr. Eduardo Kopper de Sunshine.

En ambas charlas se amplió en detalle las características y aplicaciones nuevas que se deberán aplicar, así como discutir propuestas de mejora en la ejecución y desarrollo de las dos legislaciones.