La Cámara de Industrias de Costa Rica desea manifestar una vez más, su más rotundo rechazo a este proyecto de ley por las siguientes consideraciones:

1. Razones legales:

• Además de razones técnicas y económicas a las que nos referiremos, a nivel de compromisos internacionales de tipo legal, el país reservó en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos- Centroamérica y República Dominicana, CAFTA-RD, el monopolio de RECOPE sobre los derivados del petróleo. Este punto debe ser objeto de una interpretación restrictiva, en el sentido de que ampliar ahora ese monopolio mediante una ley, sería una violación al artículo 7 de la Constitución Política sobre el rango superior de los tratados internacionales, toda vez que ya hay compromisos internacionales suscritos con al menos siete socios comerciales que solamente contemplan el monopolio respecto del petróleo y sus derivados. Todos los TLC tienen regulaciones en el sentido de restringir cambios que desmejoren las condiciones negociadas. Adicionalmente, en los anexos de medidas disconformes que se han incluido en los capítulos sobre Servicios, se ha mantenido la reserva referente al monopolio de petróleo crudo y sus derivados, según lo indicado en las leyes 6588 y 7593; lo cual riñe con la propuesta del proyecto referido. El cual amplia el alcance del monopolio de RECOPE.
• Establecer en el Artículo 6, la potestad de MINAE de fijar vía reglamento un canon a cargarse en el precio de los combustibles, resulta violatorio de la Constitución Política en su artículo 121 inciso 13, que dispone que es atribución de la Asamblea establecer los impuestos y contribuciones nacionales. Con este proyecto se pretende autorizar a la Dirección de un Ministerio a establecer más impuestos, con el nombre de “canon”, para financiar investigaciones, experimentos, actividades de alto riesgo económico y técnico.
• Se crea en MINAE por ley una Dirección de Combustibles, lo cual no va a tono con la política de contención de gasto público, pues implicaría cubrir salarios de un personal nuevo, a pesar de que ya existe una Dependencia del MINAE con esa responsabilidad que debería están cumpliendo esas tareas. La nueva Dirección de Combustibles, según el “ARTÍCULO 5- Funciones de la Dirección de Combustibles” cuando define las funciones en su inciso a) establece: ”(…) Regular, fiscalizar y controlar lo relativo al almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles limpios, así como los aspectos de seguridad e higiene en la operación y funcionamiento, en coordinación con el Ministerio de Obras Púb1icas y Transportes |MOPT) y el Ministerio de Salud, respectivamente”. Todo esto ya lo hace alguien en el país, por lo que o se está haciendo mal o es una duplicación innecesaria con otras entidades como la ARESEP, que controla la calidad de los combustibles.
• La administración anterior instaló una Dirección de Energía, operativa que tiene las funciones citadas y que es adicional a la Dirección de Transporte u Comercialización de Combustibles y adicional a la Dirección de Planificación del Sector Energía, que justo por falta de recursos existe en el MINAE, pero no guarda objetividad pues sus funcionarios provienen de los operadores estatales actuales del sector eléctrico (dígase: ICE, RECOPE, CNFL); es decir, es fácil entender que antepongan los intereses de los monopolios del Estados, al de los ciudadanos. Lo cual es una queja constante pues la rectoría del MINAE, se apoya técnicamente en un equipo que proviene de los operadores mismos, siendo juez y parte. Desde la óptica de eficiencia en el uso de recursos preocupa la creación de una nueva dirección en MINAE, pero más preocupa aun que se nombre por períodos de cuatro años, cuando es un tema técnico que no tiene relación con períodos de gobierno.

2. Razones de Costo:

• RECOPE ya constituye un operador público que, como resultado de lo pactado en su convención colectiva y de prácticas que vienen desde su origen, resulta muy caro para sus operaciones. Brindarle potestades a RECOPE para que incursione en actividades en las que ya puede operar o opera el sector privado, esto resultará en mayores precios de los combustibles actuales y futuros.
• Sólo para recordarle a los Señores Diputados, cuando hablamos de RECOPE, debemos tener claro que RECOPE es sumamente caro. Toda actividad nueva que se le autorice a RECOPE, automáticamente carga con esa larga lista de privilegios, que no solo afectará el costo del producto o servicio, sino que le abona a la creciente desigualdad que tanto mencionan las autoridades en la Casa Presidencial y en el Congreso.
• El precio de los derivados del Petróleo, definido como servicio público, es fijado por ARESEP, con lo que consecuentemente la participación de RECOPE bajo esta nueva propuesta no genera una competencia en precios que beneficie al consumidor, al contrario entra a restringir y excluir del mercado las demás posibilidades que la libre competencia definiría según la oferta y demanda. Definitivamente incluir el gas natural y/o los biocombustibles dentro de la competencia de la Refinadora, obligaría a someterlos, como servicio público, a la fijación de tarifas por parte de ARESEP; además de ampliar tácitamente el monopolio que administra RECOPE. Este tipo de actividades deben poder desarrollarse en un marco de libre mercado (lo cual no implica que no sea objeto de control técnico y reglamentario respecto a los temas de calidad o seguridad), a fin de que la oferta para el consumidor sea más beneficiosa, considerando mayor cantidad de proveedores, calidad y precio, algo lejano a lo que podría ofrecerse si se cambia la dinámica a una actividad monopólica.
• El artículo 6 es contradictorio, pues por un lado define como objetivo de RECOPE investigar y producir biocombustibles, hidrógeno, gas natural y otros combustibles renovables y por otro no permite donaciones, subsidios, o subvenciones sin previa autorización legal. Será que RECOPE hará por si solo esas investigaciones y para sí solo, pues si es en alianza con empresas privadas entonces irremediablemente caerá en subsidiar a empresas privadas que realizan esas investigaciones. Para remachar, se autoriza a cargar el cumplimiento de objetivos a la tarifa de los ya poco competitivos en precio combustibles actuales y suscribir alianzas con entes públicos y privados. Tema absolutamente inaceptable para los usuarios de combustibles.
• Definir como objetivo de RECOPE el producir biocombustibles, recuerda aquellas épocas que no quisiera el país volver a revivir de una CODESA, donde el Estado como empresario dio los peores ejemplos en la operación de empresas en actividades que no tienen por qué estar en manos del Estado. Es especial porque no son un servicio público en su esencia. Ya desde hace muchos años, se dio el ejemplo el alcohol que produce el Estado a través de FANAL, y precisamente por estar en manos del estado, no se ha logrado incorporar ningún porcentaje por pequeño que sea a los combustibles actuales que mezcla y expende RECOPE.
• No encontramos ni en la justificación de motivos, ni en el articulado del proyecto ninguna referencia a precios competitivos, a competitividad país, o algo referido al costo que podría representar un combustible producido por RECOPE. Esto tiene un error estratégico tremendo, pues en un mundo globalizado en el que vivimos y un país tan abierto al comercio internacional como Costa Rica, no puede aspirar a vender sus productos caros porque decidió no aprovechar sus fuentes de energía.
• Países como Noruega, Finlandia, etc. han financiado su déficit fiscal, sus sistemas de pensiones, etc. con la explotación de su petróleo y gas. Porqué un país como Costa Rica, no podría aprovechar esos recursos. Si por ejemplo se decidiese no usar el petróleo para combustión en vehículos, nuestros ingenieros y emprendedores podrían desarrollar nuevos productos, de mayor valor agregado, que generen empleo y riqueza. Pero clausurar oportunidades de empleo y desarrollo de una economía como la costarricense, solo para llenarse la boca y decir “Costa Rica se colocó de nuevo ante los ojos del mundo”, nos parece un lujo innecesario en una sociedad que está cargando tanto de impuestos a sus ciudadanos y empresas que está deteniendo el crecimiento económico y el bienestar de la población.  Incluso este lujo puede hasta ser ofensivo para todos los ciudadanos que aún están sin empleo y que por efecto de esta ley podrían seguir sin empleo en el futuro.
• Cheque en blanco para gastar a manos llenas en todo tipo de ocurrencias: Ampliar el alcance de RECOPE y autorizarlo a cargar a tarifas de combustibles es otorgar un cheque en blanco para que le escriba los números que desee gastar. Esto chocaría con la ley de ARESEP que prohíbe cargar a tarifas gastos innecesarios para brindar el servicio. ¿Cómo justificar una investigación en hidrógeno cargado a gasolina, diésel, gas de cocina o búnker?
• Pareciera que quienes redactaron el documento de este proyecto, cuando hablan de descarbonizar la economía lo que en realidad nos quieren decir es que busca formas de mantener vivo el monopolio de RECOPE, ampliando el mismo para incluir como indica el artículo 2: “…combustibles alternativos y tecnologías limpias”. En los últimos dos años hay cinco proyectos de ley que pretenden extender el alcance de RECOPE, con diferentes motivaciones, lo que evidencia ese deseo de darle nuevas tareas a RECOPE. Estamos dispuestos a hablar de descarbonizar la economía, pero con gente que entienda el significado de la palabra economía, sin ampliar monopolios, y sin más impuestos.

3. Razones de Ciencia y Técnica

• El proyecto pretende investigar sobre hidrógeno. Esto ha sido tratado técnicamente en foro organizado en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con la comunidad científica en la que participaron científicos tanto de la Universidad de Costa Rica como del Instituto Tecnológico de Cosa Rica, y donde se explicó que el hidrógeno no es un combustible que se encuentra en la naturaleza, como el petróleo o el gas natural, es un vector. Esto significa que hay que utilizar un combustible o bien electricidad para producirlo. Utilizando algunos otros elementos adicionales en un proceso químico que produce calor y que permite hacer por electrólisis la separación del agua en oxígeno e hidrógeno. Una vez separado el hidrógeno se almacena para luego producir electricidad y movilizar vehículos eléctricos.
• Lo anterior, implica que el paso que se pretende utilizar para descarbonizar la matriz energética en Costa Rica es un paso que ya la ciencia lo eliminó pues desarrolló los carros eléctricos con batería. El paso de usar primero electricidad para producir hidrógeno, luego colocar ese hidrógeno en el vehículo, para luego con el hidrógeno producir electricidad para mover el vehículo, resulta innecesario, si ya puedo usar directamente la electricidad para cargar la batería y movilizar el vehículo eléctrico.
• Técnicamente, resulta muy difícil de entender la propuesta del hidrógeno no eleve el costo innecesariamente. Sin considerar que el agua tiene que ser tratada previo a realizar el proceso de separación, lo que aumenta los costos. Si se evalúa el caso de los biocombustibles, o “diésel verde”, Brasil, Estados Unidos y Alemania, tienen avances interesantes, pero en instalaciones grandes, porque estos procesos químicos producen calor excesivo, y requiere inversiones para su control. En algunos casos ha sido el punto principal de accidentes conocidos por la humanidad como Seveso 1976, Bhopal 1984, donde descuidaron el problema del exceso de calor que se genera en estos procesos químicos o físicos.
• De acuerdo con cálculos básicos realizados, por el Dr. Julio Mata, Químico de la UCR. Para producir un kilogramo de hidrógeno se requiere energía, que según la técnica usada necesita:

1. a) 18,2 kWh si produce con carbón mineral
2. b) 5,7 kWh si se produce con gas natural
3. c) 39,7 kWh si se produce con electrólisis del agua

La propuesta analizada en Costa Rica es la c) que resultaría evidentemente la que consume más energía y por tanto la más cara.

4. Otras razones

• Responsabilizar a RECOPE de la descarbonización de la economía: la responsabilidad del estado para promover los Biocombustibles ha estado en el ámbito del MAG y el INTA quienes desarrollan tecnología agropecuaria, quien debería generar paquetes tecnológicos para promover la actividad agrícola y la siembra que brinde oportunidades de empleo y uso de tierras que no están siendo aprovechadas para producir alimento u otros productos. No es RECOPE el experto, ni el responsable de desarrollar estas actividades. Por el contrario, es en el pasado un actor que se ha opuesto a la incorporación de etanol y biodiesel en los combustibles, menos dándole aproximadamente ¢2,400 millones anuales para investigar lo que ya en otros lugares se hace con éxito.
• El gas natural es una alternativa que ya en Guatemala y en Panamá está incorporando con la participación privada, al igual que República Dominicana. En Costa Rica, no se ha querido hacer un reglamento muy similar al del gas LPG, para facilitar que empresas privadas se puedan instalar en el país para instalar una planta de almacenamiento de gas natural. En Costa Rica, quizá pensando que el estado saque su parte se ha obstaculizado el ingreso de este combustible de transición, y eso se pagará en falta de competitividad, pérdida de empresas, empleo y actividad económica. De hecho, lamentablemente, el 3 de diciembre de 2020 el MINAE promulgó el Decreto Ejecutivo No. 42.747, pero le introdujo un requisito que condiciona la importación de gas natural a la sustitución del búnker. Esto es violatorio no solo del ordenamiento jurídico interno, sino de lo establecido en el CAFTA.
• Pretender que RECOPE sea el promotor de una nueva era en la energía de Costa Rica, produciendo biocombustibles o liderando investigaciones, o nuevos proyectos riesgosos es un grave error. Recordemos cual fue la última alianza estratégica de RECOPE y sus resultados: SORESCO.

Considerando lo expuesto encontramos razones legales, de costo, técnicas y de competitividad país, para solicitar a los señores diputados rechazar de plano el proyecto de ley 20 641 Ley de Combustibles.