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La paralización de Puerto Caldera la pagaremos todos los costarricenses

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  • Una economía pequeña como la costarricense requiere un comercio exterior dinámico y para ello se necesitan puertos eficientes.
  • La saturación de Puerto Caldera impacta a los diversos sectores de la economía nacional, afecta a la reactivación económica y, con ello, la generación de empleo de calidad y costo de vida de los habitantes del país.

8 de septiembre de 2022- La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), Cámara Nacional de Transportistas de Carga (CANATRAC), Cámara Costarricense de Navieros (NAVE), Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX), Cámara Nacional de Bananeros (CANABA) y Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) han sido contundentes en reiterar la urgencia de abordar la situación de saturación y rezago que vive Puerto Caldera.

“El comercio por el Pacífico crece y las necesidades de Puerto Caldera son una prioridad nacional y deben abordarse como tal. El costo de más retrasos, o permitir que colapse el puerto, lo pagarán todos los costarricenses, puesto que la saturación del puerto del Pacífico impacta a diversos sectores de la economía nacional, afecta a la reactivación económica nacional y, con ello, la generación de empleo de calidad”, indicó Enrique Egloff, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

El contrato de concesión actual de Puerto Caldera se hizo para administrar una infraestructura que ya era obsoleta al momento de iniciar la contratación, y para brindar servicios portuarios, limitados claro está a la infraestructura existente. Nunca se trató de una concesión para construir un puerto nuevo, acorde con estándares internacionales y que considerara las necesidades de crecimiento.

Dado que los cambios no pueden abordarse desde la infraestructura porque las concesiones actuales no lo permiten, deben buscarse alternativas en la operación logística. Por eso, comprendemos la necesidad de implementar el mecanismo de pre-stack en Puerto Caldera y traslado directo a los estacionamientos transitorios (ETs) para evitar el colapso inminente del Puerto. Esta alternativa debe ser complementada con acciones que permitan reducir los costos y evitar cargas adicionales para el sector productivo nacional.

La saturación llegó hace muchos años y el colapso total ahora es cuestión de tiempo. El contrato de concesión se encuentra próximo a finalizar y debe acelerarse el proceso para contar con un nuevo contrato que aborde finalmente las necesidades de modernización del Puerto. Si realmente queremos acceder a los mercados asiáticos necesitamos una infraestructura acorde con el reto.

Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), determinó una serie de disposiciones para esta institución como fiscalizadora y supervisora de concesiones públicas. Esta auditoría no se hizo a la concesión en sí misma, ni al contrato de concesión, ni a la concesionaria, tal como indica el informe titulado “Cumplimiento del INCOP en el control de las concesiones de Puerto Caldera”.

Las recomendaciones de la CGR, -informe que fue impugnado por el INCOP debido a diferencias técnicas de fondo-, deben ahora traducirse en actuaciones concretas. Esta acción del ente fiscalizador deberá ser garante de la seguridad jurídica y del respeto a las condiciones contractuales y legales, pilares fundamentales para que el país continúe gozando de confianza y credibilidad para la atracción de inversiones. Las Cámaras confían en la certeza de que, como país respetuoso de la legalidad, las reglas pactadas en los contratos, tanto públicos como privados serán resguardadas.

Otras obras de infraestructura estratégica nacional han tenido soluciones eficaces, y Puerto Caldera también debe avanzar. Por ejemplo, luego de más de treinta años de rezago nacional en nuestras fronteras terrestres, gracias a un préstamo internacional, el país pronto contará con nuevos pasos de frontera.

Las Cámaras firmantes instan a las autoridades a asumir con mayor urgencia una hoja de ruta clara, realista y con plazos concretos para modernizar el puerto, que ha esperado por más de ocho años que se emprendan acciones claras para su modernización. Esta planificación debe incluir la realización de obras paliativas urgentes que no pueden esperar a la nueva concesión. Costa Rica no puede ni merece esperar más. Mientras tanto, continuaremos trabajando para que los mecanismos operativos que permiten evitar el colapso del puerto no generen costos que lesionen la competitividad del sector productivo nacional.

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