La CICR considera que el Acuerdo de Escazú, además de contener claros vicios de inconstitucionalidad, está plagado de imprecisiones y desaciertos, de fondo y concepto. El acuerdo contiene obligaciones excesivas e irrazonables, que el Estado no podrá cumplir, incluso haciendo una inversión extraordinaria de recursos, que condicionará nuestra legislación ambiental, generará incertidumbre jurídica y expondrá a nuestro país a costosos y prolongados litigios internacionales.

Por lo expuesto y la urgente necesidad de enfocar al país en esfuerzos para reactivar la economía, aumentar las inversiones, que permita revertir la caída en la producción nacional, agravada por la pandemia del COVID- 19 y la crisis fiscal que amenaza la estabilidad financiera de nuestro país, reiteramos que el Proyecto 21.245, conocido como Acuerdo de Escazú, no sea aprobado.