• Reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios incorporadas en Expediente 23.759 otorgan amplias facultades a la Administración Tributaria en detrimento de las garantías y los derechos de los contribuyentes.
• Se pone en peligro autonomía de las sociedades mercantiles respecto de sus socios y administradores y el principio de inocencia que gozan los contribuyentes.
• Preocupa también que, sin la intervención de un juez, funcionarios de las dependencias del Ministerio de Hacienda, puedan ingresar a recintos privados, o confisquen documentación, inventarios o activos en el marco de procesos de fiscalización.

22 de junio 2023. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) manifestó preocupación por varias de las reformas incorporadas en el Expediente 23.759 “Fortalecimiento del Control Tributario”, que es parte de los 5 proyectos del paquete fiscal presentado por el Gobierno el pasado 18 de mayo. Este expediente modifica en forma importante la Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT).

La CICR indicó que siempre ha apoyado todo esfuerzo tendiente a mejorar las condiciones para la atracción y retención de inversión, para la creación de nuevas empresas y para mejorar las condiciones del entorno que promuevan la eficiencia productiva, la relación armónica entre el desarrollo económico y la protección del ambiente y la promoción de los derechos de los trabajadores.

En materia fiscal, la CICR, siendo consecuente con tales objetivos y principios, ha abogado por un sistema fiscal simple, eficiente, de fácil gestión para evitar el coste excesivo de cumplimiento tributario a las empresas y se ha opuesto enérgicamente a trámites innecesarios y que se den procesos arbitrarios contra los contribuyentes. Igualmente, la Cámara ha sido vocera en la lucha contra la informalidad y el contrabando.

Respecto específicamente del Expediente 23.759, la CICR manifiesta profunda preocupación por  lo que considera es un ataque frontal a dos principios fundamentales del sistema de libre mercado y de preponderancia del individuo frente al poder del Estado, o más bien, de quien ostente temporalmente su representación, qué caracteriza el sistema democrático de nuestro país: referidos a los ataques a la autonomía de las sociedades mercantiles respecto de sus socios y administradores y a la destrucción del estado de inocencia que gozan los contribuyentes, que primero, son ciudadanos libres de un Estado que se rige por el imperio de la ley.

La CICR ve con preocupación las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que prácticamente acabarían con el elemento básico del sistema económico de libre mercado al atacar su instituto fundamental, la sociedad mercantil. La misma fue diseñada hace ya cientos de años para acumular capital capaz de emprender proyectos que, en la mayoría de los casos, serían imposibles de llevar a cabo para un inversionista individual.

Para Sergio Capón, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica, “la sociedad mercantil supone la democratización al acceso de oportunidades de inversión, una forma ordenada de disponer patrimonio y el vehículo idóneo para emprender. Supone este pilar del sistema de libre mercado, responsabilidad de los gestores más no de los accionistas y supone igualmente la autonomía del patrimonio de los accionistas respecto del patrimonio de las sociedades de las que son parte.”

Para la CICR las propuestas que se hacen para que los accionistas respondan solidariamente por las deudas fiscales de las sociedades, aún si son socios pasivos, podrían un serio obstáculo a las empresas que cotizan o quieran cotizar en bolsa. Además, las reformas que pretende que se determine que cualquier empresa de un grupo económico sea considerada responsable por las deudas de otra,  atenta contra el principio de libre organización de los factores productivos y supone un riesgo muy alto que podría terminar desincentivando la actividad productiva.

En cuanto a solidaridad de socios se estaría creando una presunción inconstitucional de culpabilidad para derivarles responsabilidad en las deudas, quebrando el principio fundamental de la responsabilidad en que se asienta nuestra organización mercantil y económica, en tiempos en que se busca el crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversión.  La Cámara no ve razón para una medida tan drástica.

Por otra parte, a la CICR le preocupa inmensamente la disposición que permitiría que, sin la intervención de un juez, funcionarios de las dependencias del Ministerio de Hacienda, ingresen a recintos privados, o confisquen documentación, inventarios o activos en el marco de procesos de fiscalización, que pueden ser sesgados y arbitrarios y presuponen de antemano que los fiscalizados son culpables de evasión fiscal.

A la CICR le preocupa igualmente que se extienda la prescripción, instituto básico para la certeza que debe prevalecer en cuanto a las potestades de fiscalización del Estado, ante meras “sospechas” de fraude, generándose una presunción generalizada de evasión fiscal sobre todas las empresas y personas que se ganan la vida emprendiendo.

De acuerdo con la CICR, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios ya cuenta con herramientas suficientes para atacar el fraude, para acceder a recintos privados, para obtener información, para sancionar severamente las resistencias a los controles. La DGT ya puede obtener inclusive información bancaria de los contribuyentes y puede acusar en sede penal por delitos de fraude fiscales, recursos que ya utiliza constantemente.

“Si bien es importante avanzar en modernizar y mejorar el control tributario, la vía no debería romper, sino más bien fortalecer, el necesario balance entre las potestades de la administración tributaria y los derechos y deberes de los contribuyentes. Hacemos un vehemente pero respetuoso llamado a los diputados para que en el trámite legislativo del Expediente 23.759 se eliminen o modifiquen todos aquellos aspectos que puedan romper con ese balance”, concluyó Sergio Capón.