La propuesta del Gobierno plantea un aumento de impuestos para el 2021 de 5 puntos porcentuales del PIB, lo que equivale a aumentar la recaudación tributaria en más de un 50% con respecto a la del presente año, lo que es desproporcionado y prácticamente imposible de recaudar. Además, tendría un efecto significativo sobre la actividad económica, prolongando y profundizando la recesión al 2021 y más allá. Los impuestos propuestos generarían efectos muy negativos sobre la inversión, la bancarización, la competitividad y la generación de empleo.

Costa Rica, según el Doing Business del Banco Mundial ya tiene una Tasa Impositiva Total (TIT) elevada, de un 58.3% de las ganancias comerciales, que ubica al país en el cuarto lugar de los países de la OCDE que tienen la tarifa más alta. La aplicación de las propuestas de aumento de impuestos, estimamos la elevaría arriba de un 64%, con lo que el país pasaría a ser el segundo de la OCDE con la TIT más elevada.Los déficits primarios recurrentes han conllevado un crecimiento continuo de la deuda del Gobierno Central, así como del pago por intereses. Está situación condujo, a la negociación y aprobación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018 para evitar una crisis económica de graves dimensiones. Esta ley tuvo un aumento de los ingresos tributarios, incluye la regla fiscal para reducir el crecimiento de los gastos corrientes, así como medidas para regular y reducir el impacto que sobre el gasto del sector público tienen los denominados pluses salariales.Además, en el proceso de aprobación de la Ley 9635, el Gobierno, a través de la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, se comprometió a impulsar en el 2019 la Ley Marco de Empleo Público, y a presentar, en el 2020, reformas institucionales del aparato del estado, que continúan pendientes, al igual que la aplicación estricta de la regla fiscal.

“Si bien no se puede negar el impacto que sobre las finanzas del Gobierno ha tenido la pandemia por los efectos en la actividad económica y las medidas para mitigar su impacto en las familias y las empresas, lo cierto es que el problema de las finanzas públicas es viejo y su origen se remonta al menos al 2008, último año en el que se presentó un superávit financiero. A pesar de la aprobación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el déficit fiscal en el 2019 alcanzó un 6.9% del PIB, uno de los más altos en la historia del país. El aumento del déficit fiscal y de la deuda por efectos del COVID -19 nos indica que las reformas estructurales del gasto son hoy más urgentes”, mencionó Egloff.