• Según la valoración técnica y operativa, que realizó la Comisión PYME de la CICR, la ley enfrenta deficiencias técnicas y legales en sus contenidos, diseño poco claro de la gobernanza, duplicidad con la institucionalidad y fondos de avales ya existentes y un posible alto costo de su gestión a través de la figura del Fideicomiso.

• Para CICR la ley perdió vigencia, ya sea porque se superaron los problemas de liquidez ocasionados por la pandemia o peor aún, porque simplemente muchas micro y pequeñas empresas cerraron.

Miércoles 3 de agosto de 2022. La Cámara de Industrias de Costa Rica manifestó que la Ley 10.106 “Creación de un Fondo Nacional de Avales para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19 y la Reactivación Económica” debe derogarse y trasladar los fondos a un mejor uso para el beneficio de las empresas. Para los industriales, el Fondo Nacional de Avales no es oportuno y los efectos positivos que se esperaban ya no se van a materializar, por lo que continuar su implementación, además de que no es sencillo, podría resultar en una muy alta relación costo/beneficio.

“Desde la CICR consideramos que se debe valorar la propuesta de la Administración Chaves Robles al presentar el Proyecto de Ley Expediente No. 22.253, para derogar la Ley 10.106 y trasladar los 270 millones de USD del crédito con el BCIE a otros fines, en particular volver al objetivo original del empréstito y que los recursos sean usados para apoyo presupuestario del Gobierno Central, en particular cambiar deuda cara por deuda barata”, indicó el presidente ejecutivo de la CICR, Enrique Egloff.

Para la CICR, se debería fortalecer y promover el uso de los fondos de avales existentes, en particular el Fondo de Avales del Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), orientando su uso a atender los problemas temporales de liquidez.

De acuerdo con los industriales, en este momento es más urgente que las empresas puedan acceder a financiamiento en condiciones adecuadas para hacer frente a los problemas de capital de trabajo que están enfrentando, particularmente las MiPymes, a raíz de los efectos del aumento significativo del costo de materias primas, insumos, costos del transporte y en general de logística, factores negativos que se acentuaron por la invasión de Rusia a Ucrania.

Desde su formulación la Cámara de Industrias de Costa Rica le dio seguimiento al proyecto que se convirtió en Ley No. 10106 y señaló que técnicamente contaba con deficiencias técnicas y legales. Los industriales explicaron que el expediente tuvo un trámite largo y sufrió cambios sustanciales a través de al menos 4 textos sustitutivos (los dos primeros presentados por el mismo Gobierno). “Incluso temas fundamentales, como quién sería el Fiduciario, se resolvieron al final del proceso legislativo, en el segundo día de mociones según el artículo 137 del reglamento legislativo”, remarcó Pedro Morales, Asesor de Asuntos Económicos y Fiscales de la CICR.

“La valoración técnica y operativa, que se realizó desde la Comisión PYME de la CICR, es que dicha ley, tal y como fue aprobada, enfrentaba dificultades para una oportuna implementación y cumplir adecuadamente sus objetivos, debido a deficiencias técnicas y legales en sus contenidos, diseño poco claro de la gobernanza, duplicidad con la institucionalidad y fondos de avales ya existentes, y un posible alto costo de su gestión a través de la figura del Fideicomiso”, explicó Enrique Egloff, presidente ejecutivo de la CICR.

El proyecto fue aprobado finalmente en primer debate el 14 de diciembre 2021 y se convirtió en Ley de la República con su publicación el 14 de enero de 2022, dieciséis días después de haber sido presentada.

Adicionalmente, la ley presenta una serie de dificultades para la operativización de los avales, incluyendo el establecimiento de requisitos de acceso para los beneficiarios y de condiciones a los intermediarios financieros que hacen poco atractivo para unos y otros la utilización de dicho fondo. La Ley se debía reglamentar un mes después de que entrara en vigor (es decir a más tardar el 14 de febrero 2022), pero el Gobierno anterior, debido a esas deficiencias, no logró reglamentarla para ponerla en operación.

Todo ese tiempo transcurrido (casi dos años) posiblemente haya tenido efecto en reducir significativamente el grupo de beneficiarios al que iba dirigido, sea porque ya superaron los problemas de liquidez ocasionados por la pandemia o peor aún, porque muchas micro y pequeñas empresas cerraron.