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Martes 9 de marzo de 2021. La Cámara de Industrias de Costa Rica compareció hoy ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos con el fin de presentar su posición sobre el Expediente Legislativo No. 22.364, “Reforma a la Ley General de Aduanas”. Los industriales fueron enfáticos que esta ley es muy importante por formar parte de los proyectos de ley necesarios para la aprobación del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es urgente mejorarla para asegurarnos que se reduzca el contrabando y el comercio ilícito y que realmente contribuya a la facilitación del comercio.
Enrique Egloff, presidente de la CICR señaló que “es de suma importancia que se realice una reforma integral y no parcial de la legislación aduanera, que permita luchar de manera más eficiente contra el contrabando y la defraudación fiscal, pero que también modernice los regímenes y procedimientos aduaneros para que impulse una mayor facilitación del comercio. Cualquier modificación que se plantee a la Ley de Aduanas debe estar en armonía con la legislación regional, entiéndase el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento, así como con los compromisos internacionales que Costa Rica ha suscrito en la materia, por ejemplo, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC”.
Entre los principales señalamientos realizados por los industriales destaca que, según la exposición de motivos, el proyecto de ley busca atacar de manera frontal el contrabando; sin embargo, el texto convocado a la Asamblea legislativa no aporta reformas sustanciales que contribuyan en la lucha contra el comercio ilícito y la defraudación fiscal, por lo que tampoco ayudaría a aumentar los ingresos tal y como se pretende. Salvo algunos cambios en las acciones relacionadas con el contrabando, se mantiene lo mismo de la Ley No. 9328 “Ley para mejorar la lucha contra el Contrabando”.
“Se delega el control aduanero a los operadores de comercio privados que reciban, manipulen, procesen, transporten o tengan en custodia mercancías. El proyecto de ley señala que las empresas deberían implementar el uso del sistema de control no intrusivo, conforme lo requerido por las autoridades aduaneras, cuando esto debe ser realizado por la Aduana en los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos y aumentar la capacidad para supervisar el ingreso ilícito de mercancías en las fronteras, mejorar la gestión de riesgo para identificar el contrabando técnico y que se cumpla la Ley vigente para reducir la impunidad”, explicó Egloff durante la comparecencia.
Los industriales reiteraron que se requiere una estrategia operativa que debe liderar la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito coordinada por el Ministerio de Hacienda y que tiene representación púbico-privada, pues es responsabilidad de ambos combatirlo. En materia de facilitación del comercio, el proyecto de ley tampoco reduciría los tiempos de despacho de las mercancías, pues no modifica los regímenes y procedimientos aduaneros.
“En lugar de poner limitaciones y de excluir a los bienes finales para el pago diferido de impuestos, las mejores prácticas internacionales proponen que la Aduana lo aplique a las empresas que cumplen ciertos requisitos y realizan una solicitud formal para optar por el beneficio, el cual sería objeto de análisis y aprobación por parte de la autoridad aduanera. Por tanto, el proyecto de ley debe ser modificado para que aplique tanto para materias primas como para bienes finales y para que se solicite una garantía con un monto razonable que no limite su aplicación”, agregó el Presidente de la CICR.
Principales comentarios de los industriales respecto del proyecto de ley No. 22.364, “Reforma a la Ley General de Aduanas”.
“Legislación en Residuos separación, almacenamiento, transporte, rotulación y gestores” a cargo del Sr. Javier Monge Ecolegal Abogados.
“Propuestas de Ley y Reglamento de Generación Distribuida” a cargo del Sr. Eduardo Kopper de Sunshine.
En ambas charlas se amplió en detalle las características y aplicaciones nuevas que se deberán aplicar, así como discutir propuestas de mejora en la ejecución y desarrollo de las dos legislaciones.
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