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CICR: “En lugar de regular más la economía formal deberían atacar la informalidad”

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La Cámara de Industrias de Costa Rica se opuso firmemente al Proyecto de Ley 20.961 “Ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, el cual será presentado mañana jueves en el plenario.

Los industriales basaron su oposición a establecer un mecanismo tecnológico de identificación y control a la importación y producción legal de bebidas con contenido alcohólico en cuatro principales razones: dicha regulación favorece a la informalidad, legitima el contrabando, puede perjudicar la salud de los consumidores y aumenta el gasto público. Además, la experiencia internacional ha demostrado que estas medidas han fracasado en otros países de Latinoamérica.

“Las regulaciones se deben enfocar en atacar el sector informal y no a la industria establecida que ya es muy vulnerable al comercio desleal. Además, la experiencia internacional nos confirma que ejecutarlo es más costoso que los ingresos que recibe el gobierno. Como lo hemos dicho, no estamos en condiciones de aumentar el gasto público, por el contrario deberíamos enfocarnos en mejorar las finanzas del Estado y en reactivar la economía para generar empleo”, explicó Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

La colocación de estos mecanismos a los envases con contenido alcohólico generaría un gasto elevado para el gobierno, que deberá asumir los costos de la implementación del sistema en momentos de restricciones fiscales. Es inconveniente e inoportuno que en la situación económica actual, se aprueben nuevas erogaciones para el gobierno sin señalarse las fuentes de financiamiento, lo cual es contrario a los esfuerzos que se han realizado para reducir el gasto público y mejorar las finanzas del Estado.

Los industriales explicaron que actualmente el control y la vigilancia del mercado ya es competencia del Ministerio de Salud y del MEIC, así como los delitos de contrabando y adulteración están tipificados en la Ley General de Aduanas y la Ley General de Salud, respectivamente. “Lo que debemos hacer es trabajar en conjunto con las autoridades y los diputados en un abordaje integral a la problemática del comercio ilícito que atenta contra la industria formal y erosiona las finanzas del Estado”, agregó Egloff.

Según la CICR, la experiencia internacional confirma que el costo de ejecutarlo es mayor en comparación con la recaudación tributaria. Por ejemplo, según el estudio de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) “Comercio Ilícito en licores, desafíos y soluciones” el sistema ecuatoriano para el marcaje de cerveza, bebidas espirituosas y tabaco ha significado un costo muy alto para el gobierno. En los primeros dos años se invirtieron $23 millones, pero solo vio un aumento en los ingresos por alcohol de $7,6 millones y una disminución en los ingresos por tabaco de casi $14,5 millones.

Los industriales también señalaron que con este proyecto de ley se legitima el contrabando y se atenta contra la salud de los consumidores.

“Los mecanismos de trazabilidad fiscal no son la forma más efectiva de demostrar que un producto es genuino. Aunque pueden contener características de seguridad para proteger a los consumidores de licores falsos, los mecanismos en sí son a menudo fáciles de falsificar. Al ser bandas de crimen organizado las que se dedican a este negocio lucrativo, reaccionan rápidamente falsificando los tipos de códigos o estampillas fiscales a pocas semanas de su emisión”, añadió Egloff.

La presencia de mecanismos falsificados, crea una falsa sensación de autenticidad y confianza entre los consumidores, quienes al creer que son auténticos, se confunden y ponen en peligro su salud. Por ejemplo, la introducción de códigos de barras en la India no impidió la muerte de 59 personas por intoxicación con alcohol ilegal. Además, las botellas legítimamente estampadas a menudo se rellenan con alcohol adulterado y en esos casos, como en muchos otros, el mecanismo de seguridad no cumple su misión.

Los industriales solicitaron al Congreso que se discutan proyectos de ley que favorezcan la competitividad, la reactivación económica y la generación de empleo en lugar de iniciativas que más bien aumentarían el gasto público.

“Legislación en Residuos separación, almacenamiento, transporte, rotulación y gestores” a cargo del Sr. Javier Monge  Ecolegal Abogados.
“Propuestas de Ley y Reglamento de Generación Distribuida” a cargo del Sr. Eduardo Kopper de Sunshine.

En ambas charlas se amplió en detalle las características y aplicaciones nuevas que se deberán aplicar, así como discutir propuestas de mejora en la ejecución y desarrollo de las dos legislaciones.

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