La celeridad y la simplificación de trámites son indispensables para un adecuado funcionamiento del Estado, y por ende para poder desarrollar actividades comerciales, industriales y productivas, que permitan dinamismo económico y generación de empleo.

Desde el año 2002, la Ley No. 8220 dispuso que cuando una instancia pública requiera cualquier información que emita o posea otra institución pública, debe coordinar con esta su obtención para no solicitarla al administrado. Sin embargo, 20 años después todavía se encuentran retos significativos para llevar a la realidad esta importante medida.

El Decreto «Celeridad de los Trámites Administrativos en las Entidades Públicas» prohíbe a las instituciones solicitar información ya disponible en bases de datos públicas», lo que fortalece el sistema previsto por la legislación, y permite hacer realidad un valioso mecanismo que brinda simplicidad y celeridad a las gestiones administrativas»