• Industriales señalan que la firma de la “Ley de Simplificación de Trámites” contribuiría   a mejorar el clima de negocios para la inversión y la producción.

• Simplificar y agilizar trámites, es una prioridad para aumentar la competitividad y el empleo.

Jueves 18 de noviembre de 2021. La Cámara de Industrias de Costa Rica celebra la firma de la Reforma a la Ley de Protección al ciudadano de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220 y sus reformas, conocida como la Ley de Simplificación de Trámites. “Los industriales hemos insistido durante varios años en la necesidad de una verdadera simplificación de trámites, por lo que celebramos que finalmente se hayan considerado nuestras recomendaciones técnicas y se lleve a cabo la firma de esta Ley, aunque es incomprensible que se haga hasta un mes después de su aprobación en la Asamblea Legislativa. Ahora más que nunca requerimos transparencia, agilidad y eficiencia en la tramitología, para que el sector productivo pueda seguir operando y generar empleo en el país”, señaló Enrique Egloff, presidente de la CICR.

Los industriales señalaron que esta Ley es un claro ejemplo de la importancia del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el sector productivo, y reconocieron el trabajo de los diputados y las diputadas para que la aprobación del proyecto de ley en favor de la generación de empleo y la competitividad del país.

Según el resultado de la Encuesta de Perspectivas Económicas y Valoración de Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, realizada por la CICR en el presente año, el 60% de las empresas industriales manifiestan que los excesivos trámites son un problema que les afecta en su competitividad; este problema afecta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas que tienen menos recursos para estar atendiendo la maraña tramitológica.

Egloff destacó la importancia de la simplificación y agilización de trámites, y el fortalecimiento a la rectoría del Ministerio de Economía Industria y Comercio que se incluye en esta ley, así como la aplicación automática del silencio positivo; adicionalmente, promueve el uso de la declaración jurada como medio para agilizar trámites, le otorga rango de ley al Catálogo Nacional de Trámites, y establece sanciones para cuando un funcionario incumple en la aplicación de la normativa correspondiente.

“Es importante avanzar en la simplificación y luego en la digitalización de tramites, que permitan mejorar la transparencia y reducir con ello la discrecionalidad del funcionario público, en especial en los procesos de contratación. Es necesario que la simplificación y digitalización de procesos se constituya en una herramienta para luchar contra la corrupción, los abusos y malos manejos en la administración pública, que dañan la relación que debe existir entre sector privado y público y la institucionalidad”, concluyó Egloff.