La Cámara de Industrias de Costa Rica hace un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para que no se den exclusiones en la reforma de empleo público. Las mociones aprobadas ayer en la Comisión de Gobierno y Administración permitirían crear un subsistema para las universidades públicas, perpetuando la problemática de salarios y pluses exorbitantes de algunos funcionarios de dichas instituciones. Para los industriales, de una vez por todas debe aclararse la interpretación de la autonomía universitaria, pues dicha condición no puede utilizarse en función de las circunstancias o afectación personal de algunos funcionarios de las universidades, pues no es posible que el país tenga que aceptar la autodefinición de elevados salarios, pensiones y privilegios que superan toda posibilidad para los contribuyentes, en detrimento de poder destinar más recursos a becas, laboratorios, infraestructura adecuada, y sobre todo más cupos para los jóvenes que desean y requieren una educación superior de calidad. El Presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, fue enfático en indicar que “justamente el mes pasado le fueron presentadas una serie de propuestas a los diputados entre las que destacaba el traslado de la rectoría en el tema de empleo público al Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y fortalecer la Dirección del Servicio Civil como un órgano desconcentrado y de autonomía técnica en coordinación con las áreas de recursos humanos o denominaciones homólogas de las entidades, con el fin de evitar problemas jurídicos de fondo y conflictos con la autonomía de determinadas entidades”. Este Proyecto de Ley de Empleo Público es crucial para el acuerdo técnico con el FMI, por lo que es preocupante y son desafortunadas las mociones aprobadas, pues pareciera que algunos diputados lo que buscan es defender a las personas con mejores salarios y condiciones laborales del país, en lugar de procurar que el país resuelva el problema estructural del empleo público y esto contribuya a solventar la grave situación fiscal del país de conformidad con la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la regla fiscal, agregó Egloff. Según la CICR, la única consideración de excepción que debe contemplar el proyecto para la Ley Marco de Empleo Público son las empresas públicas que operan en competencia, pues estas compiten por talento humano y las condiciones laborales deben ser definidas por la realidad del mercado en cada industria en la que participan.

“Legislación en Residuos separación, almacenamiento, transporte, rotulación y gestores” a cargo del Sr. Javier Monge  Ecolegal Abogados.
“Propuestas de Ley y Reglamento de Generación Distribuida” a cargo del Sr. Eduardo Kopper de Sunshine.

En ambas charlas se amplió en detalle las características y aplicaciones nuevas que se deberán aplicar, así como discutir propuestas de mejora en la ejecución y desarrollo de las dos legislaciones.