La Cámara de Industrias de Costa Rica manifestó su total oposición y solicitó el archivo inmediato de la iniciativa del Proyecto de Ley No. 21.658, “Ley de regulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos”. Los industriales manifestaron su fuerte oposición a la creación de un nuevo impuesto del 40% a vapeadores y cigarrillos electrónicos.

“Tal como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, la Cámara de Industrias de Costa Rica se opone a la creación de nuevos impuestos específicos pues consideramos que es inoportuno e inconveniente, que ante la situación económica actual y los altos niveles de desempleo que atraviesa el país, se consideren este tipo de iniciativas en detrimento del sector productivo que está altamente gravado en perjuicio de su competitividad. El país contrario a este tipo de propuestas requiere de acciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleo para dotar a los costarricenses de mejores condiciones socioeconómicas y optimizar el clima de inversión en Costa Rica”, explicó Carlos Montenegro, Director Ejecutivo de la CICR. 

Después de analizar el proyecto de ley profundamente, los industriales concluyeron que la creación de un impuesto a vapeadores y cigarrillos electrónicos desincentiva la innovación y la investigación, además de que atenta contra varios principios constitucionales, y más bien, puede promover  el contrabando. 

“Si a todos los productos nuevos o que no han sido suficientemente investigados se les aplica un impuesto, esto indudablemente influirá negativamente en la investigación científica y en la innovación. Además, la creación de nuevos impuestos a la industria es un incentivo para que aumente el contrabando y el comercio ilícito”, agregó Montenegro. 

La introducción de un impuesto específico para los cigarrillos electrónicos o vapeadores  es totalmente contraproducente y hasta generaría un efecto contrario al espíritu de su regulación, ya que el producto tendría como resultado un precio más alto en el mercado que puede abrir espacio más bien al crimen organizado para comercializar productos de manera ilegal. Esto afectaría directamente al Estado y a la salud de los costarricenses: el Estado dejaría de percibir recursos y los consumidores pondrían su salud en riesgo al adquirir productos de contrabando o falsificados que no cumplen los estándares de calidad requeridos.  Esto implica que se recaude menos, lo cual constituye un contrasentido con los fines del proyecto. 

Como parte de su análisis, los industriales resaltaron que el diseño del impuesto tiene carencias técnicas importantes, al punto que asigna la misma tarifa impositiva para productos totalmente diferentes: aparato electrónico, accesorios, líquido con nicotina y líquido sin nicotina. No existe una justificación técnica para el establecimiento de la tarifa propuesta del 40%. Un ejemplo de que no hay justificación técnica es que el texto original planteaba un impuesto nominal de mil colones, sin siquiera hacer referencia a las unidades de medida de cada producto. 

La semana pasada, los industriales enviaron una carta a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales para solicitar el rechazo del proyecto de ley.

“Legislación en Residuos separación, almacenamiento, transporte, rotulación y gestores” a cargo del Sr. Javier Monge  Ecolegal Abogados.
“Propuestas de Ley y Reglamento de Generación Distribuida” a cargo del Sr. Eduardo Kopper de Sunshine.

En ambas charlas se amplió en detalle las características y aplicaciones nuevas que se deberán aplicar, así como discutir propuestas de mejora en la ejecución y desarrollo de las dos legislaciones.