Por Sergio Capón, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

El Puerto de Caldera es una pieza clave para el desarrollo de Costa Rica. Con más del 80% del comercio mundial moviéndose a través del transporte marítimo, es inaceptable que el principal puerto del Pacífico de Costa Rica esté operando a niveles de ocupación que superan el 100%. Esto afecta de manera significativa la competitividad del país y la eficiencia de nuestras cadenas de suministro; encarece los bienes que importamos y exportamos, entre estos los de consumo básico; y desincentiva las inversiones, ralentizando el crecimiento económico y la capacidad de generar empleo. Al impactar de manera directa la calidad de vida de las y los costarricenses, Puerto Caldera es una deuda país.

La sobrecarga actual del Puerto tiene un efecto dominó que puede llevar al colapso logístico del país si no se aborda de manera oportuna y efectiva. Este puerto fue diseñado a finales de los setenta y construido en los ochenta, previsto para llegar a manejar hasta 2 millones de toneladas al año. En 2006, al iniciar la concesión actual, se proyectó que al finalizar la concesión (2026) el puerto manejaría 3.1 millones de toneladas; sin embargo, hoy Caldera opera más de 6 millones de toneladas anuales, el triple de su capacidad máxima prevista, superando incluso las proyecciones. Por eso, desde 2016 se le ha advertido reiteradamente a las autoridades sobre la urgencia de intervenir la infraestructura portuaria.

Los puertos son planificados a 30 años plazo aproximadamente. En el caso de Caldera, aún si partiéramos de que la planificación inicial fue visionaria, el diseño actual tendría más de una década de obsolescencia. El panorama se agrava si se toma en cuenta que en el momento en cual fue construido Costa Rica no había dado el salto en comercio exterior, y desde ese momento no se han dado intervenciones relevantes; con la salvedad del muelle 4, inaugurado en febrero 2015 y con un uso exclusivo para granel, salvo esporádicas excepciones.

Esta falta de intervención responde a que cuando se hizo la licitación pública internacional para la concesión actual, nuestras autoridades optaron por una concesión de servicio público, no de obra, y dejamos pasar 20 años sin tomar acciones correctivas a esa situación.

La urgencia de la modernización del puerto se hace aún más evidente al analizar la última edición del Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (2023), en el cual Puerto Caldera desciende 51 posiciones, ubicándose en el puesto 262 de 405 puertos analizados. Aspectos como la digitalización y eficiencia operativa, las estrategias de gestión y coordinación, así como la adaptabilidad y sostenibilidad, son elementos clave en el desempeño de los puertos, sin embargo, el factor primordial es la modernización de infraestructura.

El faro que nuestro Puerto necesita

En respuesta a esta crisis, se plantea un proyecto de modernización ambicioso que dará al país el puerto que necesita por medio de una nueva concesión, la cual incluye la construcción de nuevos puestos de atraque, el desplazamiento y ampliación de muelles de contenedores, la modernización del muelle 4, y la adquisición de equipos que permitan agilizar las operaciones, con una inversión estimada de 600 millones de dólares.

El plan es claro y su cronograma ajustado: el cartel de licitación debería estar publicado para octubre de 2024, con la expectativa de adjudicar el contrato en octubre de 2025 y someterlo a refrendo contralor a inicios de 2026. Las instituciones involucradas deben actuar con celeridad y compromiso, ya que cualquier retraso impacta la continuidad del proceso y claramente podría resultar en graves perjuicios económicos para el país.

El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), está asesorando al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) en este proceso. Este respaldo técnico no solo garantiza la solidez de los estudios base, pliego de condiciones y futuro contrato, sino que también aporta transparencia, un aspecto crucial para el éxito de cualquier proyecto.

Sin embargo, no debemos olvidar que, el proceso de concesión una de las dos acciones indispensables, ya que aporta una solución a largo plazo. Existen obras urgentes que deben ejecutarse de manera inmediata para mitigar los riesgos inminentes del colapso del puerto. Ya los costarricenses están pagando en sus facturas el costo de medidas de emergencia tomadas para mantener operando el puerto en la actualidad, pero ante el crecimiento de la demanda, es urgente que se realicen esas obras mínimas, para que el puerto pueda seguir operando hasta la nueva concesión, y evitemos así el colapso de Puerto Caldera.

El IFC, en el estudio de prefactibilidad realizado en el marco de la nueva concesión, llegó la misma conclusión que se había indicado en el Plan Maestro presentado en 2020. El Puerto “en su infraestructura actual, es incapaz de atender a la demanda actual y proyectada de forma sostenible” debido al rezago en su modernización. Además, destacó que dicha modernización no debe esperar a la nueva concesión, sino que debemos optimizar las condiciones de infraestructura del Puerto para que pueda llegar hasta la nueva concesión en condiciones mínimas, no óptimas. Por eso, la solución al puerto requiere dos pasos complementarios que deben desarrollarse en paralelo, uno para el largo plazo y otro para el corto y mediano plazo.

Es fundamental dar el paso decisivo de invertir en el Puerto en el corto plazo, hacerlo de manera transparente y costo-eficiente, y garantizar que estas intervenciones urgentes no impliquen un aumento en las tarifas. No se trata de quién haga las obras, sino de que se hagan bien y pronto. Desde la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), continuaremos trabajando para asegurar que las acciones emprendidas generen resultados tangibles.

El Puerto de Caldera es un tema de interés público, una deuda país que, al seguir postergando su solución, nos afecta a todos los costarricenses. Si todos los involucrados no abordaran esta urgencia con la seriedad y rapidez que amerita el colapso del puerto podría desencadenar un efecto dominó de consecuencias impredecibles en la economía nacional. Tal como señaló el IFC, no hay Plan B, Puerto Caldera debe funcionar, ya que, por su ubicación e infraestructura, es la única terminal portuaria que permite atender la demanda de servicios requeridos en el Pacifico.

El país no puede darse el lujo de seguir postergando decisiones cruciales sobre su infraestructura portuaria. Esperar hasta la nueva concesión se traducirá en aumentos en los precios de alimentos y materiales de construcción, así como pérdida de empleos derivada de la pérdida de oportunidades de negocio de las empresas que importan o exportan por Caldera y no están pudiendo mover en tiempo los productos. Es momento de actuar con determinación y responsabilidad como ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestro país. Unidos, tanto sector privado como todos los distintos actores del sector público. Las inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico dependen de lo que decidamos y hagamos en el corto plazo.

Este artículo fue publicado en La Nación de Costa Rica, el 23 de septiembre de 2024.