La Cámara de Industrias de Costa Rica hace un llamado al Rector de la Universidad de Costa Rica para que se haga un uso adecuado de los fondos públicos que se le otorgan y ahora más que nunca, dicha universidad opere responsablemente, sin convertirse en una fuente de noticias falsas que dañan al sector productivo del país, especialmente en esta coyuntura nacional en la que debemos estar enfocados en unir esfuerzos para sacar al país adelante.

Los industriales reiteran la importancia y el aporte al país de la investigación que realiza la universidad, pero esta debe sustentarse en la precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias, la rigurosidad, la probidad e información veraz y actualizada que permita llegar a conclusiones que no sean especulativas; por lo que externaron su preocupación sobre la rigurosidad técnica y los mecanismos que posee la UCR para permitir la divulgación de resultados preliminares de un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), con una metodología ampliamente cuestionable y que como resultado llega a conclusiones que no solo son erróneas, sino también calumniosas.

“Lejos de promover la diversidad de pensamiento y la discusión seria de los problemas sociales que enfrenta el país, se utilizan fondos públicos para la divulgación de noticias falsas o fake news, lo cual arroja muchas dudas sobre la motivación detrás de los videos elaborados para divulgar los resultados preliminares de dicha investigación”, señaló Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Los industriales hacen un llamado a la Rectoría de la UCR para que aclare, que indistintamente de que sean resultados preliminares, el IIS y sus investigadores generaron información falsa e indique cuáles medidas tomarán para evitar que dicho centro de enseñanza promueva la desinformación y las calumnias sobre el sector productivo que ha sido responsable y contribuye todos los días con el bienestar del país.

Asimismo, la Cámara de Industrias de Costa Rica enfatizó que la institución, benemérita de la patria y que cuenta con alto prestigio como investigadora, debe ser muy rigurosa no solo con las investigaciones que realiza sino con la divulgación de sus resultados. “Flaco favor nos hace la Universidad cuyas investigaciones deben promover la mejora de lo que hacemos en el sector productivo produciendo una investigación de premisas cuestionables y más cuestionables resultados. El daño no es solo a la sociedad sino a su credibilidad como investigadora. Esto es más reprochable cuando además se hace con fondos de todos”, indicaron los industriales.

“No es momento para generar discursos antagonistas que dividan al país. Todos los sectores del país debemos unir esfuerzos para generar propuestas que contribuyan con soluciones a problemas estructurales como la desigualdad, el déficit fiscal, el desempleo, el contrabando, entre otros. Nos preocupa que desde el 2010 al 2019, el monto asignado del FEES a la UCR ha crecido un 124.1%, contrastando con un crecimiento de la población estudiantil de tan solo un 21%; y cuyo principal uso ha sido para aumentar las remuneraciones y pensiones a los funcionarios de la universidad, muchas de las cuales son sumamente elevadas. Ahí no estamos beneficiando a los costarricenses, sino a un grupo específico”, indicó Egloff.

Los industriales recordaron que el FEES se constituye a partir del dinero de todos los contribuyentes que se les canaliza a las universidades para que brinden enseñanza, generen investigación seria, promuevan la acción social, el estudio, la creación artística y la difusión del conocimiento de una manera responsable, de calidad, transparente y acorde a las necesidades del país.

“Legislación en Residuos separación, almacenamiento, transporte, rotulación y gestores” a cargo del Sr. Javier Monge  Ecolegal Abogados.
“Propuestas de Ley y Reglamento de Generación Distribuida” a cargo del Sr. Eduardo Kopper de Sunshine.

En ambas charlas se amplió en detalle las características y aplicaciones nuevas que se deberán aplicar, así como discutir propuestas de mejora en la ejecución y desarrollo de las dos legislaciones.