Por José Pablo Montoya, coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

En un contexto donde casi un 68% de la capacidad instalada en placa del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es hidroeléctrica, nuestro país se hace vulnerable a las variaciones climáticas. Esto produjo que, en el 2023, se gastara 8 veces más por concepto de Costo Variable de Generación (CVG) por la utilización de combustibles fósiles que en el 2022 y que recientemente hayamos llegado a la zozobra de los posibles racionamientos, que dichosamente todavía no se han materializado.

En efecto, en un reciente comunicado de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESP), la generación térmica del 2024 sería alrededor del 10% de la generación total del SEN. Según la información real disponible al cierre del mes de abril de 2024, la ARESEP advierte que el 1 de enero de 2025, tendrá que reconocer al sistema de generación del ICE alrededor de ¢193 mil millones, lo que implicaría un aumento del factor Costo Variable Generación (CVG) que se sitúa alrededor del 43% (para este año el factor CVG es del 31,43%), con un impacto aproximado
para clientes finales del 25% de aumento en las tarifas para usuarios finales.

Esta realidad se inscribe en el marco de una economía donde todavía un 49% del total de energía que se consume proviene del petróleo, por lo que el incremento y diversificación de las fuentes de generación eléctrica provenientes de energías renovables se hace prioritario para el desarrollo económico sostenible en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social. La ampliación y la diversificación de nuestra matriz de generación eléctrica abre la posibilidad para descarbonizar la economía a partir de la electrificación del transporte y los procesos industriales; para que esto sea posible hay que lograr tarifas competitivas y para lograrlas necesitamos de la inversión pública y privada.

Un país con crecimiento de la demanda interanual de electricidad que rondó el 3,56% en 2023 y con la imperativa necesidad de descarbonizar, tiene hoy una ventana de oportunidad para que estas inversiones se hagan. Pero con el marco jurídico actual se ha limitado la generación eléctrica renovable en competencia, y se ha limitado la generación distribuida.

En ese escenario, la Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional (LASEN) se nos presenta como el instrumento idóneo para avanzar en este sentido, ya que contiene un marco jurídico que, entre otras mejoras, permite un mayor aporte de la inversión privada en condiciones de competencia.

Para el sector industrial que consume el 23% de la electricidad que se produce en el país la disponibilidad, calidad y costo de la electricidad es clave para su competitividad. Aumentar este porcentaje de consumo (electrificar la industria) solo podrá lograrse si estos estándares se alcanzan. LASEN posee los mecanismos para alcanzarlos; el contexto de crecimiento de la demanda y condiciones favorables para la generación de energías renovables de nuestro país harán el resto, en un marco que regule y fomente la competencia.

La ventana de oportunidad para transformar nuestro sector eléctrico es hoy. No podemos darnos el lujo de postergar la modernización del marco legal que rige nuestra generación eléctrica. La Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional (LASEN) ofrece las herramientas necesarias para impulsar inversiones públicas y privadas en energías renovables, garantizando competitividad y sostenibilidad.

Es esencial que actuemos ahora para crear un sistema eléctrico robusto, diversificado y competitivo que responda a las necesidades del siglo XXI. Esta no es solo una cuestión de economía, sino de responsabilidad ambiental y social. Cada día que retrasamos estas reformas es un día perdido en la carrera por la descarbonización y la mejora de nuestra calidad de vida. Por el bien de nuestras industrias, nuestra economía y nuestro planeta, avancemos con decisión y determinación hacia un futuro energético sostenible.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico La Nación, el 28 de mayo del 2024.